US$ 150 millones en licencias sin cobrar: detalles de las irregularidades detectadas por auditoría del Gobierno

Este lunes, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, dio a conocer los resultados del informe del Comité de Auditoría del Gobierno. La autoridad advirtió sobre la existencia de "patrones reiterados de debilidades estructurales en distintos organismos públicos".

Entre las tres alertas del informe destacan los mecanismos de contratación directa y una millonaria deuda no cobrada por concepto de licencias médicas.

Compras públicas

Uno de los puntos centrales de la auditoría apunta al desborde en el uso de mecanismos de contratación que debieran ser excepcionales. Según detalló la subsecretaria, entre los años 2022 y 2026 se detectó que el Estado utilizó de forma recurrente y normalizada la compra ágil y el trato directo.

• Se identificaron más de US$ 3.000 millones en compras realizadas mediante estos mecanismos no competitivos.

• El informe estima que, bajo un análisis conservador, si estas adquisiciones se hubiesen realizado mediante vías competitivas y debidamente planificadas, el Estado podría haber generado un ahorro de US$ 760 millones.

Licencias médicas 

El Comité de Auditoría pone el foco en la administración de los recursos humanos y previsionales, donde se detectó una falta de cobro en los subsidios por incapacidad laboral.

A diferencia del sector privado, el Estado tiene la obligación de pagar a sus funcionarios el 100% de sus remuneraciones durante los días en que se encuentran con licencia médica. Posteriormente, las instituciones públicas deben tramitar el reembolso de dicho subsidio ante las entidades correspondientes (Compín, Isapres o Mutuales).

Sin embargo, el informe reveló una severa negligencia en esta cadena de cobros:  "El problema está en que hay 150 millones de dólares que el gobierno anterior no cobró", expresó Castillo. 

Deuda traspasada al nuevo Gobierno

Además, se detectó una deuda financiera heredada para el periodo de traspaso de mando. La administración anterior postergó pagos desde el 2025 al 2026 por una suma aproximada de US$ 3.200 millones, lo que equivale a casi el 1% del PIB.

"Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric", alertó Castillo.

La subsecretaria concluyó advirtiendo que este desajuste no es solo una cifra macroeconómica abstracta, sino que tiene un rostro social urgente: ha provocado el retraso en los pagos a proveedores de servicios esenciales como la salud, programas sociales y alimentación escolar, afectando directamente a cerca de 10.000 pequeñas y medianas empresas (PYMES) a las que el Estado decidió no pagarles durante el 2025.