A ley primer proyecto de la ACOT: Cámara aprueba ampliación del plazo de flagrancia

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley la ampliación del período de flagrancia de 12 a 24 horas para las policías. El proyecto, respaldado de manera unánime tras su paso por la comisión mixta, se convirtió en la primera iniciativa aprobada de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno.

La nueva regulación diferencia los plazos según la institución actuante. Mientras que para Carabineros, la PDI y Gendarmería el margen de detención se extiende a 24 horas, la Policía Marítima dispondrá de hasta 48 horas debido a sus dinámicas operativas. Por su parte, la flagrancia en aprehensiones realizadas por civiles se mantendrá en las 12 horas actuales.

Ante esto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que, "quiero comenzar manifestando la alegría de que se haya aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado, el primer proyecto de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo".

Agregó que, "quiero agradecer especialmente a los miembros de la Comisión Mixta, que incluyó al Senado y a la Cámara de Diputados, puesto que de común acuerdo logramos un proyecto de ley que creo que satisface las expectativas, que consisten básicamente en dotar a las policías de nuevas herramientas para poder, en caso de flagrancia, actuar respecto de los delitos que se estén cometiendo".

"Esto significa que hoy día, cuestiones de orden tecnológico como, por ejemplo, videos o cámaras o teléfonos, van a poder ser solicitados por las policías con la finalidad de establecer la existencia del delito y la participación de los mismos, de los delincuentes en ellos. Y, en segundo lugar, se amplía el plazo de flagrancia, es decir, el plazo que se tiene para detener a una persona que ha cometido un delito, de 12 a 24 horas por regla general", explicó.

Además, la normativa busca reducir la burocracia en las primeras diligencias policiales, permitiendo que las fuerzas de orden actúen con mayor autonomía previa coordinación con el Ministerio Público, evitando la pérdida de evidencias o el destino final de las especies sustraídas.