Comisión revisora sugiere rechazar acusación constitucional contra exministro Grau

Durante la tarde de este lunes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, evaluó informe negativo y sugirió a la Sala rechazar el libelo.

Los parlamentarios Carlos Bianchi, Alejandro Bernales y Marcela Hernando votaron en contra de la iniciativa, frenando su avance formal. Por su parte, la diputada Joanna Pérez optó por abstenerse, mientras que el legislador Luis Sánchez fue el único miembro de la comisión que se manifestó a favor de aprobar la acusación.

Tras este resultado, la acusación constitucional continuará su trámite legislativo directo hacia el pleno de la Sala este martes. Sin embargo, la propuesta llegará al debate general acompañada de un informe negativo no vinculante.

“No existen méritos jurídicos para esta acusación. Si se insiste en avanzar en una acusación que es más bien política, para justificar los recortes que ha hecho el Gobierno a nuestros vecinos en una serie de medidas impopulares y buscar un responsable para ello, creo que están equivocados (...) Hago un llamado a la Cámara: no se equivoquen. Esta acusación no tiene sustento y va a pasar a la historia como una de las acusaciones con menos mérito que se han visto en la Cámara de Diputados”, afirmó el parlamentario Alejandro Bernales.

¿Qué decía la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau?

De acuerdo con el documento ingresado este lunes, los parlamentarios acusan a Grau de haber vulnerado la Constitución por:

• Inconsistencias y omisiones en la programación fiscal: Se le cuestiona la elaboración del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP 4T25), publicado en febrero de 2026. Según la acusación, este instrumento oficial omitió e incorporó de forma solo parcial diversos compromisos de gasto vigentes del Estado, tales como el reajuste del Sector Público, el incremento de la cotización previsional de empleo público y deudas pendientes.

• Desatención a advertencias técnicas: El texto señala que el exministro mantuvo y defendió públicamente proyecciones deficientes pese a haber recibido reiteradas alertas formales de organismos técnicos especializados, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

• Inconsistencia aritmética en la deuda pública: Se le imputa una falta de coordinación y coherencia en el programa financiero de mediano plazo para el periodo 2026-2030. El libelo expone que existió una desconexión material entre la trayectoria proyectada del balance fiscal (donde los déficits aumentaron significativamente) y la evolución de la deuda bruta informada, la cual no reflejaba proporcionalmente cómo se financiaría dicha diferencia.

• Subestimación del déficit fiscal: La acusación sostiene que bajo su gestión se proyectó un balance efectivo de -1,8% del PIB para 2026 basándose en supuestos exigentes de recaudación tributaria que no se condijeron con la realidad, lo que obligó a las autoridades posteriores a corregir la proyección del déficit elevándolo a un rango de entre -2,4% y -2,9% del PIB.

• Vulneración de principios de transparencia y probidad: Los firmantes argumentan que se entregó al Congreso, a los mercados y a la ciudadanía información fiscal que no cumplía con los estándares de veracidad, completitud y consistencia exigidos por la ley, afectando la credibilidad institucional del manejo de las estadísticas fiscales.