Los diputados y diputadas que revisarán acusación constitucional contra Nicolás Grau

Este martes se realizó el sorteo para definir los diputados y diputadas que revisarán la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresada por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario y Republicano.

Los designados para realizar un informe no vinculante para la Cámara fueron:

• Carlos Bianchi (Independiente-PPD)
• Marcela Hernando (Partido Liberal)
• Alejandro Bernales (Partido Liberal)
• Luis Fernando Sánchez (Republicano)
• Joanna Pérez (Movimiento Demócratas)

¿Qué dice la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau?

De acuerdo con el documento ingresado este lunes, los parlamentarios acusan a Grau de haber vulnerado la Constitución por:

• Inconsistencias y omisiones en la programación fiscal: Se le cuestiona la elaboración del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 (IFP 4T25), publicado en febrero de 2026. Según la acusación, este instrumento oficial omitió e incorporó de forma solo parcial diversos compromisos de gasto vigentes del Estado, tales como el reajuste del Sector Público, el incremento de la cotización previsional de empleo público y deudas pendientes.

• Desatención a advertencias técnicas: El texto señala que el exministro mantuvo y defendió públicamente proyecciones deficientes pese a haber recibido reiteradas alertas formales de organismos técnicos especializados, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

• Inconsistencia aritmética en la deuda pública: Se le imputa una falta de coordinación y coherencia en el programa financiero de mediano plazo para el periodo 2026-2030. El libelo expone que existió una desconexión material entre la trayectoria proyectada del balance fiscal (donde los déficits aumentaron significativamente) y la evolución de la deuda bruta informada, la cual no reflejaba proporcionalmente cómo se financiaría dicha diferencia.

• Subestimación del déficit fiscal: La acusación sostiene que bajo su gestión se proyectó un balance efectivo de -1,8% del PIB para 2026 basándose en supuestos exigentes de recaudación tributaria que no se condijeron con la realidad, lo que obligó a las autoridades posteriores a corregir la proyección del déficit elevándolo a un rango de entre -2,4% y -2,9% del PIB.

• Vulneración de principios de transparencia y probidad: Los firmantes argumentan que se entregó al Congreso, a los mercados y a la ciudadanía información fiscal que no cumplía con los estándares de veracidad, completitud y consistencia exigidos por la ley, afectando la credibilidad institucional del manejo de las estadísticas fiscales.