Diputados RN ingresan proyecto para prohibir que abogados del crimen organizado entren al Estado
La iniciativa fija una inhabilidad de ingreso a reparticiones públicas, el Ministerio Público y el Congreso a penalistas que defiendan causas de narcotráfico o terrorismo.
Domingo 16 de agosto de 2026
Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley para impedir que abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo ingresen a trabajar en instituciones públicas.
La moción establece que la inhabilidad alcanzará a la Administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.
En el Parlamento, la restricción se aplicará también a contrataciones y prestaciones a honorarios destinadas al ejercicio regular de asesorías jurídicas, legislativas o profesionales para comités, diputados y senadores.
La normativa prohibirá a los juristas que ya se desempeñan en dichos organismos asumir este tipo de causas mientras permanezcan en sus cargos. Cualquier infracción derivará en la destitución, remoción o término del contrato del funcionario.
"Debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado. No se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo a quienes libremente deciden defender a quienes intentan debilitar al Estado", sentenció el diputado Mauro González.
Para fiscalizar la norma, el juez competente o el Ministerio Público deberán informar a la Contraloría General de la República la identidad de los profesionales que intervengan como patrocinantes, apoderados o mandatarios en estas causas.
Con esta información, la Contraloría mantendrá un registro exclusivo para fiscalizar las nuevas incompatibilidades. Dicha base de datos podrá ser consultada por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía, sin afectar su autonomía.
"Tenemos que ser extremadamente rigurosos cuando se trata de proteger al Estado frente al avance del crimen organizado", sostuvo el diputado Eduardo Durán.
La propuesta excluye expresamente a la Defensoría Penal Pública, prestadores del servicio de defensa penal pública, Corporaciones de Asistencia Judicial, el nuevo servicio de Acceso a la Justicia y estudiantes en práctica gratuita. La moción amplía la regla contemplada en el artículo 61 de la Ley de Drogas.
"El crimen organizado no solamente busca controlar territorios, también busca penetrar las instituciones. Por eso creemos que el Estado tiene que anticiparse y establecer barreras claras", enfatizó la diputada Ximena Ossandón.