Gobierno aclara polémica por migrantes y salud: "No existe obligación de reporte o denuncia"

La indicación ingresada por el Gobierno al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas abrió una controversia al interior del Ejecutivo, luego de que la ministra de Salud, May Chomali, expresara preocupación por el eventual acceso a datos de pacientes migrantes.

La propuesta —revelada por La Segunda— plantea que organismos públicos y privados, como hospitales, consultorios, colegios, AFP, Fonasa e Isapres, puedan entregar información al Servicio Nacional de Migraciones respecto de extranjeros con procedimientos migratorios en curso.

Tras la polémica, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salieron a aclarar el alcance de la medida y descartaron que implique denuncias o reportes automáticos de migrantes irregulares.

Chomali marcó distancia y advirtió preocupación en Salud

La ministra de Salud abordó el tema en conversación con Radio 13c, donde afirmó que la iniciativa genera inquietud en la cartera.

"Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación, porque nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria", sostuvo.

Chomali recordó además que esos antecedentes están protegidos por el Código Sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes.

"Eso lo vamos a defender absolutamente", afirmó.

La secretaria de Estado también enfatizó que la atención médica no puede condicionarse por la situación migratoria de las personas.

"Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos", señaló.

Asimismo, reveló que el tema ya ha sido discutido en el Comité de Ministros y que la postura de Salud ha sido planteada internamente.

Gobierno descarta obligación de "denunciar" migrantes

Tras las declaraciones de Chomali, el ministro Claudio Alvarado aseguró que la indicación no busca intervenir en la normativa sobre derechos de los pacientes.

"No, yo creo que no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud", señaló.

El secretario de Estado explicó que la medida busca adecuar la legislación migratoria al nuevo marco de protección de datos personales.

"Esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la ley de protección al paciente, sino que es simplemente solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos legales establecidos", afirmó.

"Eso es lo que hace esa indicación. Es, insisto, una indicación para hacer concordante la normativa jurídica vigente", agregó.

Máximo Pavez: "No existe obligación de reporte o denuncia"

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, también defendió la propuesta y aseguró que ha existido una interpretación errónea del texto.

"Hay una mala comprensión de la indicación", sostuvo. Según explicó, la norma solo se aplicará cuando exista un procedimiento migratorio abierto, ya sea de sanción o expulsión.

"Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria, la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos", indicó.

Pavez enfatizó que "nunca ha estado en el texto ni en la intención del Gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia".

Además, explicó que la finalidad es permitir que las autoridades puedan ubicar a personas que ya tienen procesos migratorios en curso y que muchas veces no pueden ser notificadas.

"Cuando uno inicia un procedimiento de expulsión o de sanción, notifica a una persona y después cuesta mucho encontrarla", afirmó.