Proyecto: víctimas de encerrona podrían defenderse con su auto y presumirse que actuaron en legítima defensa
La iniciativa ingresada por el senador y presidente del Partido Republicano Arturo Squella busca extender la legítima defensa privilegiada y que las víctimas no terminen imputados por la Fiscalía.
Sábado 27 de junio de 2026
El senador y presidente del Partido Republicano Arturo Squella presentó un proyecto de ley que busca extender la figura de la legítima defensa privilegiada a las víctimas de encerronas para que no terminen imputadas por la Fiscalía si usan su auto para escapar o repeler el delito.
La iniciativa propone presumir que los afectados actuaron racionalmente cuando, producto de esa maniobra defensiva, el agresor resulte lesionado o fallezca, manteniendo la posibilidad de que esa presunción sea desvirtuada por la Fiscalía.
Según explica, el proyecto incorpora un nuevo artículo al Código Penal para establecer una presunción legal de racionalidad cuando la víctima se encuentre al interior de un vehículo, sea objeto de una intimidación y utilice el automóvil con el propósito de escapar o repeler la agresión. Asimismo, modifica el Código Procesal Penal para exigir que la Fiscalía fundamente especialmente cualquier decisión de formalizar una investigación en estos casos.
“Hoy un conductor que acelera para escapar de un portonazo puede terminar formalizado. Este proyecto termina con esa injusticia, quien actúa en defensa propia dentro de su vehículo no debería ser tratado como imputado”, afirmó Squella.
“Lo que proponemos es simple, extender al vehículo la misma lógica que ya rige para quien se defiende en su casa. Si un delincuente te intimida en un semáforo y aceleras para escapar, la ley debe presumir que actuaste racionalmente, no perseguirte penalmente”, agregó el parlamentario.
La iniciativa fundamenta que el interior de un vehículo constituye un espacio de especial vulnerabilidad frente a delitos como portonazos y robos con intimidación, por lo que busca otorgar mayor certeza jurídica a las víctimas, evitar su criminalización y fortalecer el derecho a la legítima defensa sin eliminar el control judicial ni las facultades del Ministerio Público para acreditar eventuales abusos.