Alcalde de Pica repartió cajas de mercadería donadas por Collahuasi en víspera de campaña municipal

La Contraloría General de la República (CGR) detectó anomalías administrativas en la Municipalidad de Pica (región de Tarapacá), encabezada por Iván Infante (RN), vinculadas al convenio que la casa edilicia mantiene con la Fundación Collahuasi, ligada a la minera del mismo nombre.

Lo anterior responde a una reciente auditoría del organismo fiscalizador que, entre otros puntos, analizó el vínculo de la sede edilicia con la entidad privada, a través de un acuerdo de voluntades con fines sociales.

Según la CGR, el municipio mantuvo vigente con la Fundación Collahuasi “un convenio marco de colaboración”, que implicó un aporte privado para distintas actividades sociales por una suma superior a los $654 millones, entre 2023 y 2024.

De acuerdo con la auditoría, los acuerdos “no fueron preparados de forma prolija debido a que carecen de definición de la forma o términos en que se concretaría el financiamiento", ejecución y los criterios de selección de los beneficiarios.

La entidad de control —entonces— centró la fiscalización en las actividades rotuladas como “Entrega cajas de alimento”, “Viajes para los Adultos Mayores” y celebraciones del día de la Madre y del Padre.

Vispera de campaña

Algunas actividades desarrolladas por Infante ocurrieron en agosto de 2024, a pocos días que iniciara el periodo de compaña para las elecciones municipales, según revelan las fotografías que publicó la casa edilicia en sus redes sociales, donde se le ve repartiendo cajas de mercadería entre los vecinos de Pica.

Según la CGR, “se corroboró un uso excesivo de la imagen del alcalde durante el período previo a las elecciones municipales (...), observándose la difusión de publicaciones en las que se atribuía a la autoridad comunal la gestión, compra y distribución de beneficios a la comunidad, (...) en circunstancias de que su adquisición y financiamiento se realizó por la nombrada fundación”, detalla la auditoría.

Agrega la revisión administrativa “que no corresponde que se incorpore —en cualquier época y más aún tratándose de un período eleccionario— la imagen de la autoridad edilicia como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades municipales”.

Y remata: “Ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales como asimismo las instrucciones impartidas para las elecciones” de diversas autoridades.

"Presencia legítima"

En su contestación a la Contraloría, Infante señaló que las “publicaciones se realizaron en el ejercicio habitual de las funciones de alcalde” y que —pese a la evidencia— “no correspondería evaluarlas bajo criterios electorales”, ya se trata de una presencia legítima que no pretendía una “promoción personal”.

Pese al argumento, la entidad revisora mantuvo la observación y advirtió que dicho comportamiento “constituye una práctica reiterada previamente representada" por la CGR.

Al cierre, el informe lanzó una advertencia: “Se recuerda que las órdenes de este Órgano Contralor son obligatorias y su incumplimiento puede constituir infracción a los deberes funcionarios”. En otras palabras, de no acatar lo resuelto podría realizar un sumario administrativo con eventuales sanciones que para el alcalde.

Consultados por Informe Especial, desde el municipio de Pica enfatizaron que "las observaciones formuladas dicen relación con criterios de carácter administrativo y comunicacional, y no con un uso indebido de recursos".

Según expresó la casa edilicia mediante un comunicado, "las iniciativas desarrolladas junto a la Fundación Collahuasi corresponden a acciones de carácter comunitario, ejecutadas con una entidad distinta a la empresa propiamente tal (es decir, la Minera Collahuasi), con personalidad jurídica y patrimonio propio, orientadas exclusivamente al beneficio de la comunidad, sin que existan traspasos de recursos directos al municipio".

Para cerrar, afirmaron que "el municipio ha recogido los criterios establecidos por la Contraloría y ya ha implementado medidas de mejora para fortalecer el enfoque institucional de sus comunicaciones, así como para robustecer los procesos de coordinación y trabajo con otras instituciones, mediante la elaboración de protocolos y lineamientos internos".