Contraloría descubre que 36 abogados de Carabineros mantenían doble contrato

La Contraloría General de la República (CGR) descubrió en Carabineros una serie de anomalías en la contratación de abogados, según consta en una auditoría especial preparada por el organismo de control fechada el pasado 29 de julio.

De acuerdo con los datos obtenidos por Informe Especial, en la entidad policial existen dos formas de contratar asesores legales: quienes laboran 22 horas semanales y otros conocidos como CPR (es decir, Contrato por Resolución) con 44 horas.

En ambos casos, si la autoridad lo requiere, deberán alargar sus labores sin que por ello se les pague más plata.

Actualmente, Carabineros mantiene una planta de 144 juristas con un presupuesto que supera los $5.500 millones.

De ese universo, la CGR seleccionó 36 que tenían doble contrato, cuyo “total de haberes” se empina por sobre los $1.944 millones anuales, y descubrió que tienen un contrato por 22 horas semanales y otro como CPR (por otras 22 horas), lo que constituye una irregularidad administrativa.

De hecho, según evidenció la auditoría, Carabineros nunca consideró el dictamen 13.912 que en 2017 declaró ilegal la fórmula.

Del jefe hacia abajo

Adicionalmente, los auditores iniciaron una “validación en terreno” para esclarecer si la institución mantenía un sistema de control de horario.

Investigaron a 23 abogados de los 144 que mantiene la policía uniformada en sus filas, pero no tuvieron suerte porque los profesionales “no tienen un sistema de control de jornada”.

El hecho derivó en un reproche por la falta de control. La policía uniformada acusó el golpe y ordenó llevar adelante un proyecto para que todos los funcionarios a nivel nacional verifiquen su jornada de ingreso y salida del servicio en un sistema digital, que incluirá hasta al propio general director. Como aún no está operativo, la Contraloría mantuvo la observación.

En todo caso, la institución salió en defensa de la fórmula de doble contratación. Apuntó a que de no mediar ese instrumento, los abogados no trabajarían en la policía uniformada y buscarían mejores perspectivas económicas.

Al respecto, la CGR argumentó que la irregularidad “genera un gasto de recursos adicionales, carente de fundamento y justificación legal”. 

Por ello ordenó al director general que actualice la orden general fechada en 1991 y que todos los abogados tengan un contrato de 44 horas, ya “que queda en evidencia que la efectiva necesidad del servicio es de una jornada completa y no de media jornada como se ha venido fijando”.

Causas particulares

La CGR también revisó las boletas de honorarios emitidas por cinco de los 36 abogados con doble contratación y descubrió que asesoraban a empresas privadas, lo que les generó más de $43 millones.

El problema que enfrentó el organismo fiscalizador es que no pudo establecer si los profesionales realizaron las asesorías durante horario de trabajo, puesto que no había control horario.

Más aún, la Contraloría también decidió auditar a todos los juristas (144) y estableció que emitieron boletas electrónicas por más de $434 millones entre 2024 y 2025.

Un caso llamativo es el de un abogado, quien de acuerdo con los registros del Servicio de Impuestos Internos emitió 113 documentos tributarios por servicios prestados, entre otros, a compañías de seguros.

Conforme al llamado de atención, la Dirección de Personal ordenó realizar un sumario a fines de 2025 que aún estaría abierto. Como suele ocurrir en las instituciones armadas, policiales y penitenciarias este tipo de indagatorias demoran más que los plazos establecidos.

Por lo anterior, la CGR dictaminó a Carabineros cerrar el caso y enviar los antecedentes a las oficinas del organismo fiscalizador, para evitar demoras innecesarias. La policía tiene hasta los primeros días de octubre para cumplir el cometido.

El deportista

En la auditoría consta una denuncia bajo reserva de identidad que llegó a la CGR.

La presentación detallaba que otro abogado no cumplía su jornada laboral, ausentándose de su oficina para realizar actividades deportivas.

Para verificar los hechos, los auditores se dirigieron —el 10 de junio de 2025— a las dependencias de la Zona Oeste de Santiago, ubicadas en Catedral. Al solicitar documentación, se les entregó una planilla excel que detallaba que el aludido había cumplido su jornada de forma normal.

Al margen de lo anterior, los funcionarios de la CGR descubrieron un oficio firmado en enero del año pasado, donde era nombrado como fiscal militar. El funcionario no estuvo de acuerdo con la destinación y apeló internamente. Su reclamo que fue acogido y curiosamente volvió a su oficina, pero no en calidad de jefe, sino como un abogado asesor en la “zona de seguridad privada”.

Si bien la investigación de Contraloría no indicó las razones del cambio, y no comprobó el ausentismo investigado, en el informe de auditoria detalló que Carabineros “adoptó medidas en relación con el desempeño del funcionario denunciado, por lo que no se evidencian observaciones que formular”.

Por último, también acreditó que otro abogado recibió más de $9 millones sin trabajar durante seis meses en la institución, luego de ser desvinculado a fines de 2024. Carabineros argumentó que se trató de un error y solicitó la devolución del dinero, pero la Contraloría fue más allá y anunció un juicio de cuentas sobre dicho caso.

Con todo, una copia de la auditoría llegó a las oficinas del Ministerio de Seguridad.

Informe Especial requirió una versión de Carabineros sobre el tema. La entidad inicialmente comprometió una respuesta; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no llegó.