Dorothy Pérez autorizó trato directo de $28 millones para blindaje de su auto institucional

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, contrató vía trato directo —por casi $28 millones— el blindaje para el auto institucional. 

De acuerdo con la justificación formal incorporada en Mercado Público, la plataforma de compras del Estado, la determinación se basó en que el perfil de Pérez así lo requiere. 

Lo anterior, por las “funciones de fiscalización” de los recursos públicos que desarrolla, como también el “impacto e influencia que los productos emanados de la institución ejercen en la opinión pública y en el funcionamiento de la Administración del Estado”.

En este sentido, detalla el documento, se reconocen “situaciones de riesgo a las que pueden verse expuestas sus autoridades (...) debido al reconocimiento y exposición a nivel nacional e internacional”.

Según consta en los registros públicos del proceso, todo se coordinó en 2025 a través del departamento que, entre otras funciones, gestiona el control de vehículos a nivel nacional de la institución y la seguridad.

Consultada por Informe Especial, Contraloría aseguró que "la adquisición del servicio de blindaje surgió luego de la recepción de diversas comunicaciones consideradas de mayor riesgo". 

Al mismo tiempo, de acuerdo con fuentes internas, hubo un análisis de la PDI de potenciales riesgos. Junto a lo anterior, de acuerdo con las respuestas de la CGR sobre el tema, también hubo un análisis que realizó el Ministerio Público, “que ordenó incluso (...) mejora de las dependencias”.

Sin obligación

El ente fiscalizador eligió a la empresa Raptor SPA, que en la plataforma de adquisiciones muestra una amplia experiencia en instituciones de orden y seguridad. Según justificó la Contraloría, el trato directo se funda en que entre los Convenio Marco de Mercado Público no existían proveedores similares.

“Por no requerirse en este caso un mínimo de tres cotizaciones previas, se procedió a solicitar una cotización en forma directa al proveedor (...) la que ha resultado ser conveniente para los intereses de esta entidad”, se lee en la resolución exenta 18.852.

De acuerdo con la respuesta de la Contraloría, aquello incluyó el “blindaje balístico, cuyos estándares fueron indicados según la experiencia y análisis de la entidad policial en la materia”.

En el mismo sentido, se evaluó a la firma como “un proveedor hábil para contratar con el Estado y con la experiencia acreditable en el servicio requerido”.

Agregó también que la adquisición “no dispone la obligatoriedad de escoger el menor precio, sino que aquel que en su conjunto otorgue las mejores condiciones según el servicio requerido”.

Al mismo tiempo se evaluó positivamente la discreción de la empresa.

Más seguridad 

Tal como consignó Informe Especial, en 2025 se aumentaron las medidas de seguridad a Dorothy Pérez.

En ese entonces, se le aumentó la dotación de guardaespaldas y se mejoró la protección en el ingreso al edificio institucional de Teatinos 56. 

El reforzamiento también incluyó la adquisición de una suv Toyota 4Runner de alto estándar comprada por $48 millones ante el aumento de la criminalidad organizada.

La compra, en todo caso, se justificó en que el auto institucional ya tenía cerca de 10 años de antigüedad y fue adquirido mediante un proceso de licitación.

Estándar inédito

Hay que recordar que la Contraloría, entre 2025 y 2026, ha revelado una serie de anomalías en el Estado; incluyendo la trama de licencias médicas falsas, fallas en el sistema penitenciario, pérdida de fentanilo en el hospital de Carabineros, entre muchas otras.

Pese a ello, se trata de un nivel de seguridad inédito para una autoridad a cargo de la Contraloría e incluso comparado con el estándar aplicado en el Poder Judicial. 

Sin ir más lejos, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, carece de un auto de estas características. 

De hecho, en una reciente entrevista en El Mercurio, indicó que para ella la prioridad son los tribunales que resuelven causas ligadas al crimen organizado.