Vicepresidente de Azul Azul pide declarar ilegal allanamiento por caso Sartor
El abogado argumenta que la sociedad Romántico Viajero SpA, que creó en 2025, es posterior al periodo investigado por la fiscalía. En su presentación asevera que la decisión emanada por el tribunal de Garantía, que permitió la diligencia, no menciona a su firma ni a él como imputados en el bullado caso Sartor. El asunto terminará en la Corte Suprema.
Miércoles 13 de mayo de 2026
El abogado y vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones Santiago para declarar “ilegal” la incautación de los documentos y aparatos tecnológicos de la sociedad Romántico Viajero SpA, en el marco del llamado caso Sartor.
De acuerdo con el documento, al que accedió Informe Especial, el segundo propietario más relevante de Azul Azul esgrime que la resolución emanada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago —que autorizó la medida intrusiva realizada el pasado 4 de mayo— no lo menciona formalmente a él como imputado ni menos a su empresa, mediante la cual controla el 21% de las acciones de la concesionaria del Club Universidad de Chile.
La pesquisa aludida requisó escrituras y contratos de la sociedad, además del celular personal de Correa y el computador desde su oficina.
A través de su abogado Claudio Fierro, indicó que de la resolución jurisdiccional se desprende, “con toda nitidez, la magnitud de la ilegalidad que se denuncia”.
“La Policía de Investigaciones atribuyó en un instrumento oficial, la calidad de imputado que el tribunal en su resolución no reconoce ni justifica en parte alguna”, agrega en el escrito.
Y sigue: “Tal atribución carece de toda base legal: don José Ramón Correa Díaz no figura en el listado nominativo de imputados, respecto de los cuales el tribunal había autorizado practicar medidas intrusivas, no existiendo ninguna otra resolución judicial que lo haya sindicado en ese carácter”.
La trama Sartor
Hay que recordar que la investigación, sustanciada por el fiscal oriente Juan Pablo Araya, apunta a establecer delitos de negociación incompatible, administración desleal, entrega de información falsa al mercado y fraude a la omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA), en línea con las millonarias sanciones aplicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Por esta razón, la diligencia ya descrita alcanzó también a Michael Clark, expresidente de Azul Azul y cercano a José Ramón Correa.
Según el Ministerio Público, los ilícitos aludidos habrían ocurrido entre “junio de 2016 y octubre de 2025”. En ese plazo, Clark —como socio mayoritario de Inversiones Antumalal— habría causado un daño patrimonial a los aportantes del fondo Sartor por, al menos, US$100 millones.
El órgano persecutor asegura que no habría actuado solo, sino en concomitancia con Pedro Ebel, Pedro Larraín, Carlos Larraín y Hugo Baranda, quienes habrían participado a través de Asesorías e Inversiones Sartor y otras sociedades vinculadas.
De acuerdo con lo sostenido por la fiscalía, se habría estructurado un esquema mediante el cual, recursos de fondos administrados por Sartor para terceros, fueron destinados a financiar entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, en conflicto con el interés de los aportantes y de la normativa del mercado de valores.
En esa línea, “habrían tanto fondos privados y públicos en juego, que se habrían invertido en fondos privados que, a su vez, adquirían instrumentos de deuda emitidos por personas vinculadas a los directores o accionistas mayoritarios de la sociedad administradora”.
Vuelta larga
En enero de este año, José Ramón Correa adquirió 21,44% de la propiedad de Azul Azul a través de Romántico Viajero SpA, a cambio de US$7,5 millones. Hasta entonces dicho paquete estaba en manos de Eduardo y Daniel Schapira, cuyo grupo familiar se enfrentó públicamente con Michael Clark, que hasta la fecha sigue siendo el accionista mayoritario.
En ese marco, el recurso de amparo cuestiona que la resolución judicial y la solicitud de allanamiento e incautación apunta a hechos indagados que ocurrieron entre junio de 2016 y octubre de 2025.
“Es preciso hacer presente que la sociedad del amparado (Correa), se constituye recién con fecha 21 de noviembre de 2025”, detalla el documento.
En términos procesales, el amparo puede ser declarado —en primera instancia— inadmisible o admisible por la Corte de Santiago.
Algo similar ocurriría si no es admitido, porque Correa puede apelar a la Suprema, que evaluará la decisión de la Corte de Santiago.
De acuerdo con el amparo, existe jurisprudencia que avala la postura de Correa, aunque su resultado es aún incierto.
Informe Especial contactó al abogado Claudio Fierro, patrocinante de Correa, pero declinó profundizar en el tema.