El ultimátum de la CGR: U de Talca debe recuperar $31 millones pagados a exrector por periodo sabático
Una vez cumplido el permiso sabático, el beneficio lo obligaba a permanecer en la institución por dos años más. Sin embargo, Contraloría estableció que se desligó de la casa de estudios antes del plazo establecido y ordenó iniciar un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades del caso.
Martes 17 de noviembre de 2026
El próximo lunes 23 de noviembre será una fecha clave para la Universidad de Talca (UTAL). Ese día, la casa de estudios debe acreditar a la Contraloría General de la República (CGR) el cumplimiento de la orden de recuperar más de $31 millones pagados indebidamente al exrector Álvaro Rojas Marín (1991-2001 y 2010-2022).
Tras una serie de consideraciones y reconsideraciones solicitadas al ente fiscalizador desde 2023, el pasado lunes 9 de noviembre llegó la última determinación del caso, firmada por la contralora regional del Maule, Roxana Nuñez.
En concreto, la resolución -a la que accedió Informe Especial- establece que Rojas debe devolver a la casa de estudios "lo que hubiere percibido a título de remuneración durante su periodo sabático de 150 días corridos (es decir, cinco meses) y otras ayudas económicas entregadas por la institución".
A ello se debe sumar el respectivo reajuste previsto en el Reglamento de Periodo Sabático.
Y si la restitución no se concreta, Contraloría ordenó a la UTAL hacer efectivo el pagaré en blanco que el exrector debió suscribir cuando firmó el beneficio.
La exautoridad académica -médico veterinario de profesión y doctor en ciencias agrícolas- es una reconocida figura de la DC, que fungió como ministro de Agricultura (2006-2008) en los tiempos de la Concertación y también como embajador de Chile en Alemania (2008-2010) bajo el primer mandato de Michelle Bachelet.
Año sabático
Los hechos acreditados hasta ahora dan cuenta que el aludido dejó su alto cargo en mayo de 2022, pero siguió vinculado inmediatamente como profesor titular de la casa de estudios.
Menos de dos meses después, a inicios de julio, solicitó permiso para un año sabático, entre el 15 de agosto de 2022 y el 14 de agosto de 2023.
La petición le fue otorgada a mediados de julio tras la autorización de su sucesor, Carlos Torres Fuchslocher (2022-2026).
Según consta en la resolución aprobada por la universidad, el consentimiento le permitía acudir a España para una estadía de investigación en la Universidad de Murcia y una visita a la Universidad de Alicante. En ambos casos, para conocer el proceso de transformación digital de dichas instituciones.
A ello se sumaba la elaboración de un libro, titulado "Tres Décadas de la Medalla al Mérito Juan Ignacio Molina 1992-2022"; un artículo sobre política agraria latinoamericana junto a otros especialistas destacados en la materia; además de la preparación y actualización de material docente para dos módulos de la carrera de Agronomía de la UTAL.
A cambio de lo anterior, el trato consideraba mantener sus remuneraciones durante el periodo y también le daba derecho a una ayuda económica de 8.000 dólares para solventar pasajes aéreos, movilización terrestre internacional, gastos de estadía (25%) y seguro médico.
Sin embargo, según consta en la documentación tenida a la vista por Informe Especial, Rojas no cumplió en su totalidad el trabajo encomendado y regresó antes de lo previsto a Chile, el 20 de marzo de 2023.
Cumplió con 215 días del periodo sabático y dejó pendientes los 150 días restantes.
Académico de excelencia
Ese mismo 20 de marzo, el exrector presentó su renuncia y se acogió al programa de incentivos al retiro. Por dicho concepto habría recibido cerca de $70 millones.
Todo quedó formalizado mediante una resolución fechada el 5 de abril de 2023, pese a que el compromiso del año sabático lo obligaba a quedarse en la universidad por dos años.
Y además la norma relativa al retiro establecía que, si recibía dicha indemnización, tenía prohibido volver a ser contratado antes de cinco años en la misma casa de estudios o en otra estatal. A no ser que estuviera dispuesto a devolver el millonario pago.
Aunque establecía una excepción: podía regresar (sin reembolsar lo recibido) si es que era calificado como profesor de excelencia, una categoría reservada para "académicos de la más alta jerarquía".
Y lo logró en tiempo récord. El 23 de marzo, tres días después de su renuncia, hizo la solicitud de recontratación como académico de excelencia.
El 31 del mismo mes, la junta directiva de la Universidad de Talca analizó su caso. Contó con la opinión favorable del rector Torres y resolvieron aprobar su recontratación, cuyo acuerdo fue promulgado oficialmente el 12 de abril de 2023. Lo consiguió en 20 días.
A partir del día siguiente, asumió como académico y conferenciante con jornada de 22 horas. Así se mantuvo hasta el 31 de julio de 2024, recibiendo $5 millones al mes. En tanto, cambió a una jornada de 11 horas semanales -a cambio de $3 millones de sueldo- entre agosto de 2024 y el 12 de abril de 2025.
Hasta que ese día dejó definitivamente la institución a la que estuvo ligado prácticamente 25 años.
Pugna interna
En abril de 2023, una semana después de ser confirmado como académico de excelencia, pidió retomar los 150 días de permiso sabático que tenía pendientes. Por razones administrativas no le permitieron "transferir el excedente", pero sí le autorizaron una nueva solicitud para lograr completar el año comprometido inicialmente.
Una vez más el trámite fue expedito: hizo la petición el 15 de mayo, el 23 obtuvo el visto bueno del rector y el 31 ya tenía la resolución completamente aprobada.
Así -entre junio y octubre de 2023- pudo cumplir con los compromisos pendientes: el artículo de política agraria y la actualización docente.
Para entonces, tantas excepciones comenzaron a crispar los ánimos a nivel interno. Por eso los directivos de la Asociación de Funcionarios de la UTAL decidieron llevar los antecedentes hasta la Contraloría.
Apuntaron que el exrector Rojas habría sido contratado como profesor de excelencia sin cumplir con las exigencias. En definitiva, que recibió y mantuvo los beneficios del retiro voluntuario gracias a una recontratación irregular. A ello sumaron reproches por el financiamiento para publicar cinco libros de su autoría con fondos de la casa de estudios.
A partir de ello, 16 de octubre de 2024 la CGR emitió un primer informe -firmado por el contralor regional Carlos Basaez- en el que les dió la razón. Ordenó un sumario por la publicación de libros cuyas resoluciones no fueron debidamente justificadas. Y dijo que la recontratación de Rojas Marín "como académico de excelencia no se ajustó a derecho", atendido que debió recibir primero el pago de las bonificaciones de retiro y luego ser recontratado.
Algo que en este caso no ocurrió, puesto que el trámite se hizo con tal celeridad que antes de recibir el dinero ya se había resuelto que volviera a trabajar para la casa de estudios.
Tira y afloja
La Universidad de Talca no quedó conforme y solicitó una reconsideración. El 14 de enero de 2026, el órgano de control resolvió echar pie atrás y consideró que el proceso sí se ajustó a derecho, esta vez mediante una resolución firmada por la contralora regional Roxana Nuñez.
Eso sí, mantuvo las observaciones respecto a la publicación de libros.
Ante dicha respuesta, esta vez fue la Asociación de Funcionarios de la UTAL la que volvió a la carga. Sin éxito, pidieron retroceder a la resolución de 2024.
Pero sumaron otro punto en que la CGR sí les dio la razón: tras cumplir con los 150 días de permiso sabático que tenía pendiente, el exrector Rojas no cumplió con los dos años de permanencia obligatoria.
Dejó la universidad el 12 de abril de 2025, pese a que debió prestar servicios al menos hasta el 28 de octubre de 2025.
Por eso, el 4 de febrero de 2026 el ente fiscalizador ordenó que Rojas devuelva a la Universidad de Talca las remuneraciones percibidas durante su período sabático de 150 días y otras ayudas económicas entregadas por la institución.
Sin embargo, la casa de estudios insistió a través de un escrito que, si bien el exrector no completó la permanencia obligatoria de dos años, no se trataba de un incumplimiento porque el contrato cesó por vencimiento y no por un acto atribuible al académico.
De todas formas, la Contraloría no cejó y nuevamente desestimó la solicitud el pasado 6 de julio. Confirmó que debía devolver los 150 días de remuneraciones y las ayudas económicas, además de iniciar un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades del caso.
Ultimátum de Contraloría
La complejidad de la situación hizo que una vez más el plantel solicitara la reconsideración para evitar la recuperación del dinero.
No obstante, el pasado 9 de noviembre la entidad de control perdió la paciencia. "En mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta que no se han aportado nuevos antecedentes de hecho o de derecho o elementos de juicio, cuyo análisis permita variar lo sostenido, se rechaza la solicitud (...) ratificándose la decisión (...)”, detalla el último documento de Contraloría sobre el tema.
Y agregó una advertencia: “Se le otorga como último plazo el 23 de noviembre de 2026, a fin de que acredite documentadamente lo instruido”.
Informe Especial requirió una versión a la Universidad de Talca, que a través de un breve comunicado, confirmó que fueron notificados del pronunciamiento de la CGR y que “se encuentra analizando los antecedentes y alcances del documento”.
Consultado por Informe Especial, Álvaro Rojas recalcó que "no aparece un monto en el dictamen" y que sólo señala que "se deben restituir 150 días corridos". En tanto, aseguró que aún no ha sido notificado: "No conozco la resolución todavía", dijo.
Con todo, si bien es cierto que la resolución no fija una cifra, registros revisados por Informe Especial dan cuenta de que en el periodo bajo cuestionamiento recibió ingresos por $24,6 millones, a lo que se suman otros 8 mil dólares de ayudas adicionales (unos $7,1 millones a la fecha del beneficio), además de los respectivos reajustes e intereses.
En definitiva, no menos de $31,8 millones.