Millones sin acceso a sus ahorros y un juicio político al presidente: la crisis que sacude a Paraguay

La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de clientes sin poder operar con sus cuentas y destapó presuntas irregularidades financieras que golpean al gobierno de Santiago Peña.

Sergio Fica

Jueves 5 de noviembre de 2026

La crisis financiera y política que sacude a Paraguay tiene como protagonista a Ueno Bank, una de las principales entidades del país. Su intervención por parte del Banco Central dejó sin acceso a sus cuentas a cerca de tres millones de clientes y desató protestas en Asunción.

La decisión también abrió un nuevo flanco para el presidente Santiago Peña, debido a sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario del banco. En paralelo, una investigación fiscal apunta a presuntas operaciones irregulares que habrían comprometido los activos de la institución.

¿Por qué cerró Ueno Bank?

El 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó intervenir Ueno Bank e iniciar un proceso de resolución, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por ley.

En términos simples, la entidad no contaba con el respaldo financiero mínimo requerido para responder por sus obligaciones.

La medida implicó el cierre de sus servicios: dejaron de funcionar la aplicación, las tarjetas y las operaciones bancarias. El organismo tomó el control para revisar la situación patrimonial y determinar cómo responder a los compromisos del banco.

Policías a las afueras de Ueno Bank - Reuters

Según datos recogidos por Associated Press (AP), Ueno concentraba cerca del 10% del sistema bancario paraguayo y tenía alrededor de tres millones de clientes.

Además, administraba entre US$800 millones y US$850 millones en fondos públicos, incluidos unos US$380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS).

El presunto mecanismo para desviar fondos

La investigación de la Fiscalía apunta a que Ueno Bank habría otorgado préstamos millonarios a empresas vinculadas al grupo propietario, con análisis de riesgo débiles y, en algunos casos, sin garantías reales.

Según los antecedentes publicados por La Nación Paraguay, tres compañías —Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A.— habrían recibido créditos por US$41 millones, US$41 millones y US$39 millones, respectivamente.

El Ministerio Público sostiene que esos recursos no se habrían destinado a las actividades de las empresas, sino que habrían terminado financiando a otras sociedades del mismo grupo.

También se cuestiona la venta de una cartera de créditos por US$74 millones a Vinanzas S.A., compañía que, según la investigación, no habría contado con recursos propios suficientes para concretar la operación.

En total, la Fiscalía estima que los créditos cuestionados a empresas relacionadas alcanzarían cerca de US$200 millones.

El 4 de noviembre, el Ministerio Público presentó una imputación contra 27 personas por diversos delitos como lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y tentativa de estafa. La investigación deberá determinar las responsabilidades penales.

¿Los clientes podrán recuperar sus ahorros?

La intervención dejó a millones de usuarios sin posibilidad de realizar transferencias, pagos o consultar sus saldos. La principal incertidumbre está en cuánto dinero podrán recuperar y en qué plazo.

Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 228,3 millones de guaraníes o US$38.000 por persona y por institución financiera.

Sin embargo, existe una diferencia importante: según un análisis de Moody's, el 97% de los depositantes tendría sus ahorros completamente cubiertos, pero esos fondos representan solo el 30% del valor total de los depósitos del banco.

Quienes superen el límite de garantía deberán esperar el resultado de la revisión de los activos y pasivos de la entidad. Moody's advirtió que la recuperación de esos montos es incierta y que podrían producirse demoras o pérdidas.

La crisis que amenaza al presidente Santiago Peña

El caso también golpea al gobierno paraguayo. Peña fue accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario del banco, y mantuvo sus vínculos empresariales hasta marzo de 2025, según AP.

Además, poco después de asumir la Presidencia, en 2023, nombró a Carlos Carvallo, entonces máximo ejecutivo de Ueno Bank, como presidente del Banco Central. La designación fue cuestionada por posibles conflictos de interés. Carvallo presentó su renuncia en medio de la crisis.

El mandatario anunció un acuerdo con el Congreso para impulsar un proyecto que permita utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos para iniciar los pagos a los ahorristas y garantizar la devolución de los recursos públicos.

Pese a ello, las protestas se intensificaron en Asunción, donde manifestantes exigieron responsabilidades y pidieron la salida del presidente.

El conflicto llegó al Congreso. Este 5 de noviembre, las bancadas de la Cámara de Diputados comenzaron a manifestar su respaldo a un juicio político contra Peña. Incluso el bloque oficialista anunció que votaría a favor, según informó ABC Color.

Para aprobar la acusación en la Cámara Baja se requieren dos tercios de los votos de los diputados presentes. Con los respaldos anunciados, la iniciativa contaba con los apoyos necesarios para avanzar.

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