Ministro de Cultura de Israel exige quitar la ciudadanía a los directores del documental "NAZA" tras ser premiado en Venecia
La producción audiovisual de los realizadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor provocó el rechazo del gabinete gubernamental por exponer testimonios de militares sobre bombardeos en Gaza.
Domingo 13 de septiembre de 2026
El gobierno israelí inició acciones para sancionar a los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor luego de que su obra obtuviera el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
El ministro de Cultura de Israel reaccionó a la distinción internacional con duras acusaciones contra los realizadores.
"Actuaré de inmediato para retirar la ciudadanía israelí a estos despreciables creadores por traición a la patria", aseveró el ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar.
La película aborda los mecanismos de ataque empleados por el ejército en la Franja de Gaza mediante el uso de inteligencia artificial. Recopila relatos anónimos de 24 miembros de las fuerzas armadas y servicios de inteligencia.
El ministro de Seguridad Nacional también cuestionó públicamente el trabajo cinematográfico a través de sus plataformas oficiales.
"Son una vergüenza y una deshonra para todo el pueblo de Israel", manifestó el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.
Desde la perspectiva de la realización, los autores defendieron la legitimidad de sus fuentes y el objetivo del filme.
"Los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron que esta matanza masiva es sistémica: no por accidente, sino por diseño", expuso el codirector del documental, Yuval Abraham.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado rechazando las conclusiones de la cinta. La institución castrense aseguró que la selección de objetivos militares la realiza personal humano y no sistemas automatizados.
El procedimiento legal para despojar de la nacionalidad a un ciudadano israelí requiere un trámite administrativo específico. La solicitud debe ser presentada por el Ministerio del Interior y ratificada formalmente por los tribunales de justicia.