Prisión preventiva para cuatro gendarmes acusados de integrar red de narcotráfico en cárcel de Illapel

El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva de cuatro gendarmes y un civil, imputados por asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales, cometidos desde 2021 en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y del Biobío.

En la audiencia de formalización, la que se extendió por dos jornadas, la jueza Andrea Rojas al resolver la privación de libertad de los imputados sostuvo que "nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado".

"La pluralidad de delitos imputados, la altísima gravedad de las penas asignadas por ley, que en un total podrían arrojar sanciones en torno al presidio mayor en los grados medio a máximo, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla mediante el uso de funciones públicas configuran un estándar normativo objetivo de peligro para la seguridad de la sociedad", añadió.

Asimismo, decretó prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad para dos imputadas por la fiscalía como autoras del delito de tráfico ilícito de drogas, desestimando, en esta etapa procesal, la imputación por asociación criminal.

En el caso de un quinto gendarme, el tribunal también desestimó su participación en los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas imputados por el Ministerio Público y solo dio por acreditado, en este estado procesal, que le cupo responsabilidad solo en los delitos de cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos a establecimientos penitenciarios, por lo que ordenó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con los coimputados.

En la causa, la jueza desestimó los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas imputados por la fiscalía a otros tres imputados, y ordenó a su respecto las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse o comunicarse con los coimputados.

En la primera jornada, por acuerdo entre las partes y por tener una participación menor en los hechos indagados, otros cinco imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional (uno); y arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional (cuatro).

Finalmente, el tribunal fijó en 120 días el plazo de investigación de la causa.

Según la fiscalía, desde 2021 funcionó una organización criminal con asiento en la comuna de Illapel, cuyas operaciones se extienden a otras comunas del país de la Región Metropolitana y del Biobío.

La organización integrada por cinco miembros de Gendarmería, civiles e internos del Centro de Detención Preventiva de Illapel, tenía el propósito de adquirir, transferir, poseer, suministrar, guardar, portar e ingresar drogas al centro penitenciario de la comuna, junto a elementos prohibidos (teléfonos celulares, chips de teléfono), para entregarlos a internos de dicho recinto penal, a cambio de dinero.

Estas actividades ilícitas le permitieron a la organización amasar ganancias calculadas en $223.209.732, monto que movían a través de cuentas bancarias y que utilizaron para la adquisición de bienes con el objeto de ocultar su origen ilícito.