Este viernes el pleno aprobó una propuesta de enmienda al Reglamento General del órgano, la cual busca pagar a quienes prestaron asesorías a convencionales durante julio del 2021, mes en que se instaló la Convención.
La iniciativa, que surgió de parte de 52 convencionales, se funda en que, para ese mes, no se encontraba tramitado el Reglamento de Asignaciones, Comité Externo y Dirección de Administración, por lo que no se procedió al pago de los honorarios por los servicios prestados por los asesores de algunos constituyentes.
Asimismo, el artículo transitorio a incorporarse en el reglamento –aprobado por 97 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones– señala que se autoriza "el pago con cargo a la asignación de personal de apoyo de la función constituyente a quienes por razones impostergables de buen servicio prestaron asesoría a los convencionales durante el mes de julio de 2021 antes de la aprobación del presente reglamento".
Se especifica también que los convencionales que recibieron asesoría durante el mes de julio de 2021 deberán firmar una declaración jurada en la que individualicen a las personas que les prestaron los servicios en ese periodo, indicando las labores realizadas y el monto del honorario respectivo.
Beatriz Sánchez (Frente Amplio) expuso en el debate plenario que "hay un hecho que es objetivo: hay un grupo de personas que trabajó un mes cuando ya la Convención Constitucional estaba en marcha y no se les pagó por ese mes de trabajo (...) frente a este hecho que es, insisto, objetivo e indesmentible, lo que corresponde es que, siguiendo un procedimiento serio, responsable y transparente se les pague lo que corresponde quienes corresponde".
En la misma línea, Marcos Barraza (Apruebo Dignidad) señaló que "sería un mal precedente que esta Convención Constitucional vulnerara los derechos laborales de quienes han cumplido una tarea de servidoras y servidores públicos. No sería posible el resultado de este proceso constituyente sin la tarea que desmpeñaron las y los asesores".
Críticas a la propuesta
La iniciativa, no obstante, recibió una serie de críticas, principalmente de Vamos por Chile, así como también desde el Colectivo del Apruebo. Es más, ayer se dieron a conocer dos oficios –uno firmado por cinco y otro por 18 convencionales de derecha– con cuestionamientos a la medida, y hoy otro documento del colectivo de izquierda.
En uno de los oficios –firmado por Eduardo Cretton, Constanza Hube, Felipe Mena, Katerine Montealegre y Ricardo Neumann– los constituyentes de derecha establecen que según la Constitución vigente, "solo corresponde efectuar desembolsos de asignaciones establecidas en el Reglamento General de la Convención, es decir, solo sería procedente pagar por concepto de asignaciones una vez aprobado dicho cuerpo normativo, el cual el mes de julio del 2021 aún no existía".
"Resulta necesario dejar en descubierto la real intención que existe detrás de esta insólita nueva reforma reglamentaria, que recién ahora pretende realizar pagos que supuestamente se encontrarían casi un año atrasados. En realidad, el espíritu que existe detrás de esta enmienda es financiar futuros sueldos para que asesores que hoy trabajan en la Convención, puedan dedicarse a hacer campaña en favor de una determinada opción en el próximo plebiscito, con cargo a recursos públicos", finalizan en el oficio.
En el hemiciclo, Ruggero Cozzi (Vamos por Chile) sostuvo que "el único asesor que contraté durante el trabajo de esta Convención Constitucional lo contraté desde agosto en adelante, porque esas eran las reglas del juego y no iba a contratar a alguien que no le podía pagar. Entonces acá hay una irresponsabilidad individual de quienes hicieron trabajar gente sabiendo que no les podían pagar".
Paulina Veloso (RN) indicó que "yo estaría dispuesta, porque entiendo que la contraprestación del trabajo es la remuneración, pero si tuviéramos un catastro hoy de quiénes son esos asesores que partieron el día 1, podríamos generar, a lo mejor, ese pago. Pero eso no existe, entonces creo que esta es una propuesta que es bastante irresponsable, con recursos que son fiscales, que no son nuestros".
El Colectivo del Apruebo, en tanto, manifestó en un comunicado que, al pleno, "no le corresponde pronunciarse si es procedente o no el pago a las personas que prestaron servicios a los convencionales por concepto de personal de apoyo a la función constituyente durante el mes de julio del año 2021 (...) Dicha atribución recae en el Comité Externo de Asignaciones que autoriza los pagos y en la SEGPRES que los hace efectivos".
Desde el grupo, Eduardo Castillo, si bien se manifestó a favor de encontrar una solución, interrogó en el debate que "¿será responsable, este pleno, de autorizar abiertamente –sin el conocimiento de exactamente cuántas personas son, los montos involucrados– estos pagos, sin tener después algún control sobre lo que puede autorizarse o no autorizarse? (...) hay que ver cómo se puede hacer, pero este pleno no puede dar una autorización para un pago que desconocemos".