"Toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Serán los órganos públicos competentes, los responsables de procurar las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho con criterios de equidad".
Este es un artículo único que un grupo de convencionales propone incorporar en la nueva Constitución.
La iniciativa fue firmada por constituyentes de distintos sectores: Cristián Monckeberg (RN), Ruggero Cozzi (RN), Bárbara Rebolledo (independiente - Evópoli), Raúl Celis (RN), Fuad Chahín (DC), Andrés Cruz (independiente- PS), Patricia Labra (RN) y Hernán Larraín (Evópoli).
El documento indica que "en nuestro país, no existe un reconocimiento constitucional al derecho a la vivienda digna, no obstante, la existencia de políticas públicas habitacionales, con dicho propósito en distintas etapas de nuestra historia".
"Hemos visto que la necesidad de vivienda responde a un sentimiento de los más profundos de cualquier ser humano, la necesidad de contar con un techo que nos cobije del frío y la lluvia, que nos proteja del sol, que permita el desarrollo y expresión más amplia de la familia, cualquiera sea su forma, que alberga los sueños de cada cual y que constituye con relación a la familia “su propio mundo”, sostiene.
"Si el Estado de forma ininterrumpida ha desplegado sus esfuerzos más tenaces, ha invertido recursos, se ha preocupado de velar por que las viviendas tengan servicios e instalaciones básicas de infraestructura; espacio suficiente; protección contra las inclemencias climáticas; disponibilidad cercana de servicios, asequibilidad y seguridad en la tenencia, cabe preguntarse: ¿qué lo detiene para reconocer como derecho susceptible de ser amparado por la garantía constitucional y blindar así a uno de los elementos más básicos e íntimos que una persona y su familia puede tener a su haber, como es la vivienda?, se agrega.
Ciudades inclusivas y sustentables
Monckeberg también presentó otra iniciativa para que se integre como parte de las bases de la institucionalidad la siguiente disposición:
"El Estado debe velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, integrados, sustentables y equilibrados con el medio natural, donde las personas alcancen su pleno disfrute, sintiéndose protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos. Asimismo, el Estado deberá asegurar procesos de planificación urbana con participación ciudadana efectiva y territorialmente desconcentrados".
La propuesta fue apoyada por Bárbara Rebolledo, Paulina Veloso, Hernán Larraín, Luciano Silva, Álvaro Jofré, Andrés Cruz y Fuad Chahín.