"Primero las víctimas" es la décima iniciativa popular de norma en reunir las 15 mil firmas necesarias para ser discutida al interior de la Convención.
La propuesta plantea que "Chile se ha convertido en un país de víctimas. Los delincuentes ya no tienen miedo de matar, enfrentarse con la policía y a la justicia una y otra vez. Los portonazos, que antes se cometían de noche, hoy se realizan a plena luz del día. Los vándalos han arrasado con el comercio en las principales capitales del país, han aumentado los homicidios vinculados al narcotráfico en el norte y muestran sus fusiles de guerra en el sur".
"La violencia destruye la calidad de vida de las personas, limita la libertad y amenaza los derechos básicos de seres humanos, principalmente el derecho a la vida y a la seguridad", se añade.
¡GRACIAS! 🇨🇱🕊️
— Primero las Víctimas (@PrimeroVictimas) January 14, 2022
Por las víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo. Agradecemos a los 15 mil chilenos que pusieron #PrimeroLasVíctimas.
Ahora la #ConvencionConstitucional discutirá la incorporación del derecho a la seguridad ciudadana en la nueva Constitución. pic.twitter.com/x5RE3vcgiV
La iniciativa está presentada por la organización Primer las Víctimas, quienes se definen como "ciudadanos comunes y corrientes. Hemos sido víctimas de la violencia en sus diferentes formas y motivaciones: homicidios, robos, asaltos, atentados, vandalismo, violaciones, abusos, amedrentamientos, amenazas y terror".
Recordemos que para que la iniciativa popular de norma es un mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o agrupación puede presentar a la Convención una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución. Y para que las iniciativas pasen a ser deliberadas en el órgano deberán tener al menos 15 mil firmas que provengan de cuatro regiones diferentes. Cada persona puede patrocinar un máximo de siete iniciativas.
Propuesta de articulado
La Constitución asegura a todas las personas:
1°) El derecho a la seguridad ciudadana. Todas las personas tienen derecho a vivir libres de las amenazas que genera la violencia y de todos aquellos actos que revistan el carácter de delito conforme a la ley.
Las personas podrán ejercer la acción de amparo frente a cualquier privación, perturbación o amenaza de su derecho a la seguridad ciudadana.
Es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana, a través de los órganos encargados de ello regulados por ley, frente a situaciones que constituyan privación, perturbación o amenaza para la integridad física y psíquica de las personas, sus bienes, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
El Estado será responsable de resarcir todos los daños y perjuicios que experimenten la o las personas afectadas, que sean consecuencia de la vulneración a su derecho a la seguridad ciudadana.
El Estado deberá promover la participación ciudadana en formulación y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y seguridad de las personas.