El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, calificó como una "buena noticia" la promulgación de la ley que modifica el Código Penal y que endurece las sanciones y penas para aquellas personas que infrinjan las normas sanitarias impuestas para enfrentar la pandemia.
La autoridad indicó a 24 AM que el aumento de la pena tiene "un fin de prevención general, dar una señal a la ciudadanía" de que en caso de no cumplir con las normas, se recibirá un castigo. Señaló que la persona, "pese a saber que su conducta no sólo pone en riesgo su propia salud, sino que también la de los demás, el fin de la pena es disuadir a aquellas personas que van a incurrir".
En ese sentido, enfatizó que "hemos tenido 100 mil detenidos asociados a falta contra la salud pública. No queremos tener esa cantidad de personas condenadas. Por eso, los más graves es muy probable que queden con medidas cautelares, pero en segundo lugar, la ley trae una innovación que es que el Tribunal puede sustituir la pena privativa de libertad, por trabajo comunitario".
Por otro lado, Galli aseguró que "no hay una solución única" para que la ciudadanía efectivamente respete la cuarentena. "Obviamente una gran mayoría de las personas se está quedando en su casa y con un gran sacrifico (…) La gran mayoría de la población ha entendido el mensaje, sin embargo, para aquellos que no lo entienden, tiene que haber una sanción efectiva, eso sin perjuicio de la protección de los ingresos y del empleo”.
Por último, el subsecretario aseguró que "los permisos estaban siendo utilizados abusivamente", por lo mismo, se han restringido a sólo dos a la semana, además de modificar el Permiso Único para trabajar, el que además busca sancionar a las empresas que incumplan con la norma.
MULTAS Y SANCIONES
La modificación al Código Penal implica que las sanciones que iban de 61 a 540 días o una multa de $300 mil a $1 millón, aumentan a un rango de 61 días a 3 años, o a una multa de $300 mil a $10 millones.
Por otra parte, la ley considera un agravante convocar a espectáculos, celebraciones o festividades, y se considera delito calificado para quien ponga en riesgo la salud pública, con penas de541 días a 5 años y multas de $ 1,2 millones a $12,5 millones.
La iniciativa también sanciona al empleador que ordena al trabajador a infringir las medidas sanitarias concurriendo presencialmente al trabajo y permite establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica.