La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, anunció esta tarde que la Dirección del Trabajo oficiará a Cencosud, luego que anunciara que finalmente no se acogería a la Ley de Protección al Empleo y que reintegrará los montos pagados por la AFC a sus trabajadores.
De esta modo, la Dirección del Trabajo iniciará una investigación para establecer si se hizo un mal uso de la Ley, lo que podría conllevar a una instancia judicial.
Según consigna La Tercera, dicho oficio indica que "La Dirección del Trabajo, le solicita a Cencosud S.A., que remita a esta Dirección Regional del Trabajo un listado de todas sus sociedades filiales, coligadas y relacionadas que han celebrado pactos de suspensión temporal del contrato de trabajo con sus respectivos trabajadores, junto con acompañar todos los antecedentes que justifiquen que dichas sociedades han sido afectadas total o parcialmente por las medidas sanitarias".
Además, dicho documento, indica que la empresa tendrá 10 días como plazo para dar respuesta a los requerimientos de la DT.
"Es un hecho muy complejo y muy sensible"
Más temprano, la titular del Trabajo se refirió a la marcha atrás de Cencosud en su decisión de acogerse a la ley de Protección de Empleo, luego del escándalo que provocó su millonario reparto de utilidades, el que fue criticado desde todos los sectores políticos por reflejar un caso de mal uso de la legislación aprobada para el período de emergencia.
"Me parece muy bien que una empresa que claramente hizo un uso de la ley que no era la correcta, y generó toda la polémica que generó, dé la cara y haga una declaración pública", explicó la secretaria de Estado, quien ayer reconoció tener acciones esa compañía del retail, aunque adujo que se trataba de una cantidad mínima que no constituía un conflicto de interés.
Zaldívar, eso sí, advirtió que como Cencosud ya había hecho el trámite de acogerse a la ley, no está claro cuáles serán los pasos a seguir en este caso. “El proceso de reintegro de los dineros no está regulado, y por lo tanto es un tema que se tendrá que ver”, reconoció.
De paso, lamentó que la ley esté en cuestionamiento producto de la conducta de la firma que controla empresas como Jumbo, Paris o Easy. “En los hechos, tenemos una empresa que sí solicitó este beneficio respecto de sus trabajadores, que ya se pagaron estos subsidios, y la empresa al mismo tiempo hizo una repartición de utilidades muy por sobre lo que podría estimarse de una empresa que estaba con necesidades", explicó.
Y añadió: “Lamentablemente, por este hecho, una ley, que lo que buscaba era proteger a los trabajadores y proteger los ingresos, queda en cuestionamiento y podríamos ver otras empresas que sí se encuentran en la necesidad se abstengan de usarla, poniendo en peligro esos puestos laborales. Por eso es un hecho muy complejo y un hecho muy sensible".
La ministra estima que “uno de los principales perjuicios de todo lo que ocurrió es que se entró a cuestionar si empresas grandes pueden acogerse a esta ley, y nosotros vemos que empresas independiente del tamaño están siendo afectadas, tenemos empresas grandes, pequeñas y medianas que están muy afectadas, y detrás de cada una de estas empresas hay trabajadores y familias".
Por último, aseguró que "si yo no tengo los ingresos para poder pagar estas remuneraciones y no uso la ley, estoy llevando al final que estas empresas desvinculen a los trabajadores, entonces el daño para los trabajadores es un daño que es muy profundo".
Con información de Aton y 24Horas.cl