El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó como "una mala indicación" el cambio introducido a la Ley de Protección al Empleo por parte de la oposición, mediante el cual se impide que empresas pequeñas, medianas o grandes que se acojan a esta iniciativa puedan hacer retiro de parte de sus utilidades. Producto de esta situación, el secretario de Estado confirmó que se está estudiando por parte del Ejecutivo la presentación de un veto presidencial o una ley corta.
En primer lugar, Briones explicó la modificación de la oposición: "Cuando esas empresas (sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas) suspendan a sus trabajadores, en lugar de despedirlos, esas empresas no van a poder repartir ningún solo peso de dividendo, ni un solo peso de utilidades. Eso es lo que hizo la modificación introducida por la oposición".
“Es una mala modificación”: Ministro Ignacio Briones confirma que está analizando fórmulas para corregir los últimos cambios introducidos a la Ley de Protección al Empleo. Los caminos para enmendar son un veto presidencial u otra ley corta. @24HorasTVN @TVN pic.twitter.com/XAtFoUyDVr
— Poirot Escovedo (@poirotes) May 12, 2020
El ministro vislumbra algunas dificultades en esta legislación, planteando a modo de ejemplo que "si usted es dueño de una sociedad anónima cerrada y tiene una pyme, y usted vive de las utilidades de esa pyme, ese es su sueldo y usted se enfrenta a un ciclo adverso, en donde está teniendo menos ingresos en su empresa. Como muchas empresas se va a ir a la quiebra, va a tener que despedir y se enfrenta a la disyuntiva: Suspender a su trabajador, en lugar de despedirlo, o despedirlo".
Añadió que "si yo suspendo, se salva el puesto de trabajo de ese trabajador porque podemos retomar nuestra actividad laboral una vez que la normalidad retome, pero al hacer eso yo no tengo con qué pagarme mi sueldo, como dueño de la empresa. En cambio, si yo despido puedo retirar utilidades de mi empresa durante todo el año. Y por lo tanto, lo que se genera acá es un claro incentivo a despedir, en lugar de suspender".
En el caso de las empresas grandes, sostuvo que si bien "es un mundo distinto", en las sociedades anónimas abiertas "típicamente hay directorios y los directores, por ley, tienen un deber respecto de los accionistas. Nuevamente, ese director de una empresa grande se ve en la siguiente disyuntiva: Si yo despido, puedo repartirles a mis accionistas utilidades en caso de haberlas. Si yo suspendo, en cambio, y quiero proteger el empleo de mis trabajadores, no puedo repartirles un solo peso a mis accionistas y voy a tener un problema con ellos, desde el punto de vista de mi obligación legal con ellos".
A lo anterior, sumó que "en consencuencia, nuevamente el incentivo en ese caso es a no comprarse un problema y a despedir, en lugar de suspender".
"EL ESPÍRITU DE LA LEY ERA CREAR UN INCENTIVO"
Dado este escenario, el jefe de cartera indicó respecto a la propuesta de la oposición que "el problema, para resumirlo, es que la modificiación que se hizo no tiene gradualidad. Puedo tener mil trabajadores, y si yo suspendo a un trabajador y aunque sea por un día, quedo restringido a repartir hasta un peso de utilidad".
Consultado si es que se está analizando entonces habilitar el retiro de utilidades en casos puntuales, Briones respondió que "hay que recordar que el espíritu de la ley era crear un incentivo, un vehículo legal para que en lugar de que las empresas hicieran lo típico que es despedir cuando tiene un problema, suspendieron el contrato laboral porque sabemos que este shock es transitorio, pero en algún momento vamos a salir".
En línea con lo anterior, manifestó que "nosotros planteamos esta solución para todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Si estamos hablando que hay un problema a nivel de las grandes empresas, ellas están reguladas por la ley de sociedad anónima donde existe un mínimo legal de utilidades que pueden repartir, en caso de haberlas. Este mínimo es el 30% de las utilidades, y sirve porque las empresas grandes tienen muchos dueños, muchos accionistas, y en particular hay accionistas que son chiquititos y ellos viven de ese flujo de dinero".
Bajo este diagnóstico, el ministro enfatizó que "lo que queremos plantear es muy simple. Lo mismo que hicimos en su minuto, y lamentablemente lo rechazaron. Es decir esta restricción, si es que yo me acojo a la Ley de Protección del Empleo, rige para las grandes empresas, pero respecto al mínimo legal de 30%. Además, queremos agregarle otra variable que es súper obvia que es que tenga alguna relación con la magnitud de cantidad de trabajadores que yo acogí a la suspensión, porque todos entendemos que si una empresa tiene mil trabajadores, por ejemplo, es muy distinto suspender a un trabajador que a la mitad. Esa proporcionalidad también tiene que estar en juego".
Por último, estableció que para evitar casos como el de Cencosud, donde en un principio se hizo retiro del 80% de las utilidades, aunque después dieron un paso atrás, "la idea es poner algún gatillo para empresas qué hayan hecho uso de la Ley de Protección del Empleo en una cuantía significativa, material, donde de verdad se están acogiendo a muchos trabajadores, en esos casos que la restricción sea la que he señalado y que esa empresa no pueda repartir más que el mínimo legal que establece la ley".
Finalmente, para dar forma a esta postura ratificó que "estamos analizando si será a través de un veto o una ley corta" la modificación del Ejecutivo a la legislación..