La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de protección interpuesto por dos comunidades del pueblo aymara contra WOM S.A. por la instalación y operación de una antena celular en Copaquilla, comuna de Putre.
La acción fue presentada por las comunidades indígenas de Chapiquiña y Chapiquiña Sector Laco Cosapilla, quienes alegaron afectaciones en territorio ancestral sin una consulta previa bajo el Convenio N° 169 de la OIT.
En su defensa, la empresa acreditó un contrato de arriendo por diez años sobre un inmueble fiscal otorgado por la Seremi de Bienes Nacionales, además de permisos sectoriales y un aviso de obra en zona rural.
La firma precisó que la infraestructura funciona con energía solar tras retirar su generador diésel en octubre, y argumentó que la consulta indígena corresponde a deberes estatales y no a particulares.
El tribunal resolvió que la acción cautelar no es la vía idónea para zanjar la disputa sobre la propiedad del terreno, materia que requiere un juicio de lato conocimiento.
Asimismo, el fallo descartó la exigencia de evaluación ambiental según la Ley N° 19.300 y concluyó que no procedía la consulta indígena al no tratarse de una medida estatal con impacto cultural específico, condenando en costas a las recurrentes.