La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos, según trascendió este sábado.
La organización con sede en Miami pidió su eliminación por creer que representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".
El Congreso colombiano tratará el 6 de diciembre un proyecto de ley anticorrupción en el que se incluyó un artículo que propone penas de cinco a 10 años de prisión y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos. También, contempla la cancelación de la personería jurídica de las instituciones de donde proviniere la crítica que se considere injuria o calumnia.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para "erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los Gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa". Canahuati -director ejecutivo del grupo OPSA de Honduras- afirmó que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; "es una herramienta para callar a medios y periodistas".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, declaró que se trata de "un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas". Jornet -director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina- agregó: "nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia".
Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela, aseguró la fuente.