Los nietos del dictador español Francisco Franco (1892-1975) han denunciado ante el Tribunal Supremo a los altos cargos públicos que firmaron, el pasado 14 de noviembre, el proyecto de presupuesto de obra que contempla la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Según la familia Franco, los denunciados pueden haber cometido un delito de prevaricación, además del de usurpación de atribuciones y funciones. La denuncia, firmada por Jaime Martínez-Bordiú Franco en nombre de sus hermanos, se dirige contra la subsecretaria del Ministerio de Justicia e instructora del expediente de exhumación, Cristina Latorre; el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Antonio Hidalgo López; el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán; y el funcionario del Museo del Prado Víctor Cageao Santacruz. Este último se habría hecho pasar por director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, según los nietos de Franco.
En lo formal, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha recibido un recurso que según ha trascendido ya se admitió su tramitación y que busca la suspensión de la exhumación de Franco.
España vive una polémica en torno a la intención del actual Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, respaldado por la mayoría del Congreso de los Diputados, de trasladar los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos, un complejo funerario que el dictador ordenó construir a 50 kilómetros de Madrid, y donde también están depositados los restos de miles de combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil (1936-1939).
La familia comunicó en su momento al Ministerio de Justicia que se opone a la exhumación, la considera una "imposición" del Estado y cuestiona su constitucionalidad. Los Franco también anunciaron su intención de, en caso de exhumación, enterrar los restos en la cripta de la catedral de La Almudena de Madrid, donde disponen del derecho de inhumación.