La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio del mercado de los medicamentos en el que reitera la necesidad de realizar una reforma estructural en este rubro, lo que podría llevar a un ahorro de hasta un 40%.
El estudio reúne comentarios de diferentes actores de la industria, como laboratorios, farmacias y asociaciones gremiales profesionales, además de expertos, centros de estudios y público general.
Las conclusiones de la FNE están contenidas en un paquete de medidas que apuntan a cuatro objetivos fundamentales: que se introduzca más medicamentos bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.
El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, destacó que estas recomendaciones están en línea con las mejoras prácticas de los países de la OCDE.
“Nuestro análisis nos mostró que este mercado necesita una reforma estructural y no diversas medidas aisladas que no tienen por separado la capacidad de cambiar el principal problema de esta industria, que es la competencia por marcas, como ocurre en cualquier otro mercado de consumo masivo, como el de automóviles, vestuario, bebidas o galletas”, señaló el fiscal.
“Los medicamentos son bienes de primera necesidad y una reforma efectiva en este mercado debe necesariamente modificar la forma en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias y alterar la dinámica de la industria para introducir más competencia”, agregó.
Principales medidas:
- Perfeccionar el funcionamiento y fortalecer al Instituto de Salud Pública
- Entregar un incentivo al primer genérico que entre al mercado
- Modificar la forma en que dispensan y funcionan comercialmente las farmacias
- Obligar a los médicos a prescribir por denominación común internacional (DCI)
- Crear un sistema de prescripción de medicamentos
- Permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias y vía canales online.
- La creación de un sistema que transparente la relación financiera de la industria farmacéutica con médicos
- Recomendaciones más estrictas para la conformación de los comités de farmacias y similares, que sigan al menos el estándar establecido por la Ley Ricarte Soto.