En diciembre de 2008, los nombres de Roberto Belloni Pechini, Sergio Purcell Robinson y Miguel Angel Celedón, principales ejecutivos de las farmacias SalcoBrand, Farmacias Ahumada (FASA) y Cruz Verde, respectivamente, comenzaron a aparecer en los medios todos los días.
Eran la cara visible de una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica que produjo indignación: las tres empresas se habrían coludido para subir en más del doble los precios de unos 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
En marzo de 2009, FASA confesó la colusión, entregó antecedentes y pagó un millón de dólares, acogiéndose a la figura de la delación compensada. Sin embargo Sergio Purcell, su ex gerente general y que había dejado la empresa en octubre de 2008, insistía en que estas prácticas comerciales jamás habían constituido colusión.
En una declaración como imputado ante la justicia penal, que investigaba el caso como presunta estafa y otras defraudaciones, en julio de 2009, aseguraba que "las prácticas comerciales que FASA ha reconocido, para mi interpretación, sólo constituyen prácticas comerciales habituales y en ningún caso indican que hubo una colusión, un acuerdo o una determinación de beneficios o castigo en el caso que alguno de los competidores incumpliera".
A esas alturas, Purcell estaba más preocupado de su nuevo trabajo. En efecto, tras dejar FASA, en octubre, no tardó nada en encontrar un nuevo puesto: Turismo Cocha lo contrató como gerente general en noviembre de ese mismo año, cuando una de las cinco mayores operadoras turísticas de Latinoamérica cambió su estructura familiar tras la muerte de su fundador, Mario Fuenzalida Kesler, y sus dos hijos, Mario y Julio, dejaron la administración y pasaron al directorio. Purcell les pareció adecuado para el cargo, dado que previo a FASA había trabajado siete años en LAN y conocía el sector.
El caso de Purcell no es el único. Una investigación de 24horas.cl revela que los principales ejecutivos vinculados a estos casos, que fueron ventilados en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) y, en el caso de las farmacias, en sede penal, continúan trabajando en sus empresas de origen o bien cambiaron de empleo, pero sin menoscabo laboral.
Roberto Belloni era el gerente general de SalcoBrand a la fecha del requerimiento de la FNE. Mantuvo el mismo cargo cuando, en enero de 2012, el TLDC condenó a SalcoBrand y a Cruz Verde, al pago de una multa de 20 mil UTM por haberse coludido con Ahumada. Posteriormente, Belloni fue promovido a vicepresidente ejecutivo de Empresas SB, matriz de la cadena de farmacias. En junio de 2015, tras ser absuelto por la Corte Suprema, seguía sosteniendo que jamás hubo colusión de las farmacias y que todo fue "una jugada de FASA para enlodar a su competencia y vender la compañía".
En tanto, el gerente comercial de Salcobrand, Ramón Avila Silva, estuvo en ese cargo hasta julio de 2012 y desde esa fecha sigue en SalcoBrand, ahora como gerente de Desarrollo de Negocios, donde es definido por el subgerente de Merchandising, Roberto Araya, como "un excelente profesional, honesto e innovador". Avila ha trabajado en Cruz Verde desde enero de 1998.
Los principales ejecutivos de Cruz Verde también siguen vinculados al negocio. El gerente general que enfrentó el requerimiento de la FNE, Miguel Angel Celedón González, figura como asesor del directorio en su página de Linkedin. El gerente de Negocios de Farmacias Cruz Verde, Ricardo Valdivia Kloques, lo siguió siendo hasta diciembre de 2009. En abril de 2014 se convirtió en gerente comercial corporativo del grupo Sofocar, la matriz de Cruz Verde que incluye, entre otros negocios, al laboratorio MintLab, el segundo de genéricos del país, una operadora de tarjetas de crédito, Solventa; un club de fútbol, Everton, haras e inmobiliarias.
En Farmacias Ahumada es quizás donde los ejecutivos experimentaron mayores turbulencias. Purcell se cambió a Turismo Cocha y el entonces gerente comercial, Ricardo Ewertz Munchmeyer, que en marzo de 2008 -meses antes de la acusación de la FNE- había dejado la empresa tras solo un año y dos meses en el cargo, fundó ese mismo año By One Marketing, una consultora de negocios que cerró sus operaciones en diciembre de 2011. En febrero de 2012 ya estaba incursionando en un nuevo emprendimiento, Remfa Consult, otra consultora de negocios y estrategias de marketing.
En la justicia penal, el caso farmacias involucró también a otros actores. Una de ellas fue Mehilín Velásquez Chau, jefa del departamento de precios de SalcoBrand., cuya labor era cumplir la política de precios de la compañía. Ese cargo lo ocupó hasta junio de 2008, cuando fue promovida a Senior Category Manager, donde desarrolló por siete años las estrategias comerciales y de marketing para la venta de productos farmacéuticos. Hace solo seis meses se le encargó la misma función, pero en la categoría de Dermocosmética en el área de consumo masivo. En todo caso, su vida laboral ha estado ligada a esa compañía, donde comenzó en 2006. Judith Carreño Oteiza, quien también fue absuelta por la justicia penal, trabaja desde hace 15 años como Category Manager de Empresas SalcoBrand, donde ingresó en octubre de 2000.
Aunque Cruz Verde y SalcoBrand fueron condenadas a multas millonarias por el TLDC, la Corte Suprema liberó de todos los cargos a los ejecutivos de SalcoBrand -Roberto Belloni, Ramón Ávila, Mehilín Velásquez, Claudia Carmona y Judith Carreño. También absolvió a Sergio Purcell y a Ricardo Ewertz, y en Cruz Verde lo mismo ocurrió con Ricardo Valdivia, Cristián Catalán y el gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman, quien ya está jubilado.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, en fallo dividido, estableció que la colusión no existe en el tipo penal y que, además, la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de los precios.
Los pollos y el Ladrillo
En septiembre de 2014 el TLDC dictó sentencia en el caso conocido como la colusión de los pollos. El tribunal estimó que Agrícola Agrosuper S.A., Empresas Ariztía S.A. y Agrícola Don Pollo Limitada habían acordado desde 1995 limitar su propia producción de carne de pollo, controlar y monitorear la cantidad producida y ofrecida y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización. Al año 2010 estas tres empresas tenían una participación de mercado del 92%.
La sentencia del TLDC de septiembre de 2014, ratificada por la Corte Suprema el 29 de octubre de 2015, aplicó una multa de más de US$22 millones (30 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA) a Agrosuper; la misma cifra a Ariztía y de US$9 millones (12 mil UTA) a Don Pollo.
Los ejecutivos involucrados, y que debieron prestar testimonio ante el TLDC, fueron Juan Miguel Ovalle Garcés en representación de la APA, Carlos José Guzmán Vial en representación de Agrosuper, lsmael Correa Rodríguez de Ariztía y Ramón Cobarrubias Matte en representación de Don Pollo. Los tres siguen como los máximos ejecutivos de sus empresas, pues también están ligados a su propiedad.
Según el fallo del TLDC, para "pronunciarse acerca de la forma en que el convenio se ejecuta y lleva a cabo y las sanciones económicas, que serían a beneficio de APA", las empresas designaron una Comisión de Evaluación integrada por Roberto Kelly Vásquez, que -según el TLDC- al menos en el año 1996 se encontraba relacionado con Ariztía; Dante Pérsico Jiménez, que según el propio Ovalle se desempeñaba como funcionario de Agrosuper y Fernando Salas Richaud, gerente de Pollos King. En su fallo, el TLDC los califica como "gerentes" de las empresas.
Salas Richaud, de actuales 74 años, es hoy un exitoso agricultor y desde 1988 hasta el 2013 había constituido o modificado siete sociedades, entre ellas Agrícola Productora de Pollitos Asociados y Sociedad de Inversiones y Congelados Malloco. No menos prolífico ha sido Dante Pérsico, que en 1987 constituyó su primera sociedad agrícola, Agasur; el 89 se amplió al área de los remates y el 90 al de las confecciones. El 91 comenzó a vincularse al área transportes con Transportes Pacífico, pero al año siguiente fundaría la empresa que lo hizo famoso: Pérsico Automotriz, firma que quebró este año, aunque aún tiene otras 9 sociedades de transporte e inversiones en las que participa. Roberto Kelly Vásquez falleció en 2012. El gestor de “El Ladrillo”, el plan económico que sirvió de base al régimen militar, fue alguna vez miembro de la Asociación de Productores Avícolas, pues su nombre figura en una sesión de directorio de 2008, junto a José Guzmán Vial, Ramón Covarrubias Vives e Ismael Correa Rodríguez, misma que presidió Juan Miguel Ovalle.
Cerdos y aves
Asimismo, el fallo del máximo tribunal ratificó la decisión del TLDC de ordenar la disolución de la APA y el pago de una multa de 2 mil UTA, poco más de mil millones de pesos.
Esta Asociación Gremial, creada en 1994, tiene como misión autodeclarada impulsar el desarrollo de una industria avícola sustentable y competitiva a nivel nacional e internacional y entre sus valores está fomentar las buenas prácticas de producción; incentivar una producción ambientalmente amigable y desarrollar innovación en base al conocimiento científico. En su directorio están el propio Ovalle, quien ejerce de presidente; Guzmán Vial como vicepresidente y como directores Pedro Pablo Mercadino Vásquez, Paulo Ariztía Benoit, Jorge Enríquez Fuentes y Ramón Covarrubias Matte. Con sede en un edificio de Isidora Goyenechea, su gerente general es María Soledad Valenzuela Molina, su gerente de comercio exterior es Rodrigo David Castañon Garbarino, su gerente de sanidad e inocuidad Pedro Guerrero Cañete y su contralora María Angélica Fernández Cáceres.
Ovalle es también presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (Asprocer), que se constituyó en 1985. Según el fallo del TLDC, "tanto Agrosuper como Don Pollo participan en el mercado del cerdo; en particular, la primera produjo cerca del 70% del total de cerdos a nivel nacional en 2010". Por lo mismo, afirma que "de existir sustitución entre el pollo y el cerdo o el pavo, un eventual aumento no transitorio de precios del pollo que desviara demanda hacia el pavo o el cerdo, se traduciría en que gran parte de dicho desvío sería percibido por las empresas avícolas como un aumento en su demanda por estos productos y no como una reducción en sus ingresos totales".
Exactamente los mismos ejecutivos de APA están en Asprocer: Fernández es la contralora, Guerrero el gerente de sanidad y Castañón su gerente general. Ovalle figura a la cabeza. Los directores cambian aunque Ramón Covarrubias Matte es aquí secretario y tesorero. Las oficinas están en el mismo edificio. "Una buena forma de aprovechar las sinergias", explican en comunicaciones de APA-Asprocer.