La policía brasileña detuvo este jueves a un exministro de los gobiernos de Dilma Rousseff y Lula y allanó la sede del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, en una operación vinculada al escándalo de corrupción en Petrobras.

Ambas operaciones formaron parte de un despliegue policial en cinco estados del país para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes de conducción forzada ante la justicia y 40 mandatos para requisar en busca de documentación y pruebas, informó la policía.

Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia como parte de las investigaciones para dilucidar "el pago de sobornos de más de 100 millones de reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos", según dijo la fiscalía de Sao Paulo en un comunicado.

De acuerdo con la procuraduría, el ministerio de Planificación formó parte de un esquema de sobornos pagados para asegurar la contratación de una firma de tecnología que pasaba "más del 70% de su facturación a otras empresas mediante la simulación de contratos y la emisión de notas fiscales falsas con el único objetivo de mantener funcionando el sistema" de desvío de fondos públicos.

Bernardo es una figura de peso en el golpeado PT y es también el esposo de la senadora del PT Gleisi Hoffmann, una de las principales espadas políticas de Rousseff.

La presidenta, una exguerrillera de izquierda reelegida en 2014, lucha por su supervivencia tras ser suspendida por el Senado en mayo, mientras es juzgada por supuesta manipulación del presupuesto público.

La operación realizada esta jornada es una derivación de la llamada "Operación Lava Jato", que destapó un monumental fraude montado por una élite de empresarios de la construcción en connivencia con partidos políticos para garantizarse obras de gran escala en Petrobras y desviar dinero del Estado.

El caso llevó a prisión a parte de la élite política y empresarial local, desangró al gobierno de Rousseff y ya costó la renuncia a tres ministros del presidente interino Michel Temer, que asumió la jefatura del Estado hasta que se defina el impeachment.