El informe que la Amnistía Internacional ( AI) presentará este jueves en la capital mexicana denuncia el aumento de torturas en el Gobierno de Felipe Calderón. El documento comienza con el testimonio de Miriam López quien fue detenida por soldados el año pasado en Tijuana.
A la mujer la detuvieron en un cuartel de Tijuana y la acusaron de tráfico de drogas. Durante su interrogatorio la sometieron a agresión sexual, asfixia, posturas en tensión y amenazas para obligarla a firmar una confesión. Finalmente un juez ordenó si liberación por falta de pruebas.
Como este, son decenas de casos que completan el informe "Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México" . Según Amnistía, en el transcurso del gobierno del presidente Felipe Calderón aumentaron en un 950% el número de denuncias por torturas recibidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En los últimos años, 60 mil personas han muerto por la disputa territorial entre los bandos de narcotráfico. Sin embargo, el estudio de la organización reveló que el gobierno de Calderón termina con 160 mil víctimas por la violencia entre los carteles de la droga y las operaciones de la Policía y el Ejército.
Una de las principales denuncias del informe es la violencia contra las mujeres como práctica generalizada en México y las responsabilidades de las vejaciones y asesinatos raras veces son juzgados. El más notorio de estos casos es la sucesión de secuestros y homicidios de mujeres y niñas cometidos en Ciudad Juárez desde 1993 hasta hoy día.
A pesar de que las autoridades han tomado importantes medidas para combatir la violencia contras las mujeres, éstas no han sido efectivas. Según organizaciones locales de DDHH, "en 2010 mataron a más de 320 mujeres en Ciudad Juárez, y hay decenas más en paradero desconocido, se teme que secuestradas. Entre abril de 2011 y abril de 2012 se descubrieron los restos de 17 jóvenes en el distrito de Valle de Juárez, a la afueras de Ciudad Juárez".
Según la CNDH, durante el 2010 fueron secuestrados 11 mil migrantes en un período de seis meses, de los cuales muchos sufrieron violentas agresiones en las que pudo haber funcionarios públicos implicados. Además, la Policía ha sido acusada de entregar personas migrantes a bandas criminales para que sean sometidas a torturas a cambio de dinero o asesinatos. A pesar del conocimiento que se tiene de la situación, rara vez se hace rendir cuentas a las bandas criminales y a los funcionarios públicos implicados en los abusos.
El informe de AI concluye que el Gobierno de Calderón ha tapado las violaciones a los Derechos Humanos con las políticas de seguridad pública y la lucha contra la delincuencia.