A pesar de que en los últimos días se enviaron señales que aseguraban que la crisis por el control de YPF estaba en vías de solución, la presidenta argentina dio un golpe este lunes en la mesa y anunció la expropiación de al petrolera, propiedad de la compañía española Repsol. La decisión traerá sin duda consecuencias en las relaciones entre Buenos Aires y Madrid, en una escalada de tensión diplomática cuyas repercusiones estamos aún lejos de adivinar.
El proyecto enviado al Congreso indica que el 51% de la propiedad de YPF irá a parar al gobierno argentino, mientras que el 49% restante será para las provincias petrolíferas. El anuncio fue realizado por Cristina Fernández en cadena nacional, donde se explicó que serán declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación el 51% de las acciones de YPF, que pasarán a ser propiedad del Estado y las provincias productoras. El Tribunal de Tasaciones determinará cuánto se pagará por la expropiación.
El gobierno español de Mariano Rajoy y la Unión Europea habían anunciado en los últimos días que habría represalias si se llevaba a cabo la polémica medida. Sin embargo, el gobierno argentino ha hecho oídos sordos a las advertencias y han seguido adelante con la nacionalización de YPF. El mismo presidente Sebastián Piñera indicó este fin de semana que la expropiación podía afectar a la seguridad jurídica de las inversiones en el país transandino y a la confianza en el país.