Tras dos semanas de tensiones poselectorales, Carlos Mesa decidió cambiar de estrategia. El expresidente y principal contrincante de Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre, acusa ahora al presidente de llevar “al país a una situación límite” por no haber, según sus palabras, tenido el valor para renunciar tras las múltiples denuncias de fraude electoral que pesan en contra de la victoria del MAS.
"Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder", aseveró Mesa, quien agregó que "la mejor solución a esta crisis, en las actuales circunstancias, es una nueva elección, administrada por un nuevo órgano electoral imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional". El candidato de la coalición Comunidad Ciudadana denunció en repetidas ocasiones un supuesto sesgo de las autoridades electorales a favor de Morales, motivo por el cual considera que la renuncia de los miembros del TSE (Tribunal Supremo Electoral), es también necesaria.
El opositor estimó que su participación a la carrera presidencial se dio en medio de “condiciones adversas” con leyes hechas "a la medida del oficialismo”. Estimó que el equipo gobernante y sus aliados “pretenden robarse la elección" y calificó a Evo Morales de candidato "ilegal e ilegítimo", que se postuló aunque la Constitución y un referendo nacional vinculante se lo prohibía, en referencia al voto de febrero de 2016, que el presidente perdió.
Por otra parte, Mesa pidió al Ejecutivo detener "el discurso y las acciones de agresión y racismo contra la ciudadanía, de parte de los grupos organizados del MAS", en el contexto de acusaciones contra el oficialista Movimiento Al Socialismo de fomentar violencia.
Carlos Mesa endurece su postura y deja en la incertidumbre a la auditoría de la OEA
Aunque inicialmente se mostró dispuesto a la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Mesa anunció posteriormente que no aceptaba dicho proceso al considerar que los términos fueron pactados de manera unilateral, y este domingo 3 de noviembre endureció aún más su postura y se acercó a la de los llamados “grupos cívicos”, que formularon un ultimátum de 48 horas al presidente boliviano para que renuncie.
Quien se atrevió a lanzar el desafío al mandatario indígena, que ha gobernado durante más tiempo que ningún otro presidente en la historia del país, fue el líder de Comité Cívico Pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
"Evo Morales tiene en sus manos la pacificación del país y la salida democrática a la crisis”, dijo Carlos Mesa en su pronunciamiento de este domingo.
Más temprano, no obstante, el jefe del Estado resaltó precisamente la necesidad de “encontrar la forma de pacificar el país”. “Convocamos a levantar el paro y los bloqueos y esperar el resultado de la auditoría a cargo de la OEA”, expresó Evo Morales en las redes sociales. “Lamento que con el pretexto de un supuesto fraude que no demostraron quieran destrozar todo lo que avanzamos”, denunció.
Este domingo, el Gobierno había anunciado los nombres de los diplomáticos que liderarán este proceso: la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, y el exembajador español, Carmelo Angulo, un día después de que el primer coordinador designado renunciara apenas nombrado.
Este anuncio de Carlos Mesa redefine la dinámica de esta crisis, en la cual ambos bandos continúan acusándose mutuamente de fomentar la polarización y de alimentar una ola de violencia que ya ha dejado al menos dos muertos en choques entre partidarios rivales y que incluso Naciones Unidas ha dicho que podría salirse de control.
Con EFE y AFP