Decenas de miles de partidarios han protestado en las calles de Porto Alegre contra lo que ven como una persecución política al ícono de la izquierda brasileña, quien fue condenado por el juez Sergio Moro en el marco de la llamada Operación Lava Jato (Lavado de Autos), que investiga una red de constructoras que pagaban sobornos para adjudicarse contratos con Petrobras.

Lula fue condenado en julio del año pasado a nueve años y medio de prisión por aceptar 3,7 millones de reales (1,18 millones de dólares) en sobornos de la firma de ingeniería OAS. El caso involucra un apartamento en el balneario de Guarujá.

"Lamentablemente, Lula se corrompió", dijo durante el juicio del miércoles el fiscal del Ministerio Público Mauricio Gerum, quien agregó que es difícil imaginar que un sistema de drenaje de los cofres de la petrolera haya ocurrido sin que el entonces presidente de la República lo supiera.

Lula, de 72 años, el primer presidente de la clase trabajadora de Brasil, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, podría ser declarado no elegible para aparecer en la papeleta en los comicios del 7 de octubre si su apelación es denegada, tal como se espera.

En caso de que Lula pierda el recurso, el exmandatario podría apelar ante tribunales superiores para retrasar una decisión final y evitar ir a la cárcel.

"Estoy extremadamente tranquilo y consciente de que no cometí ningún crimen", dijo Lula la mañana del miércoles en su cuenta de Twitter.La exclusión de Lula de las elecciones cambiaría radicalmente el panorama político antes de una campaña en la que es el favorito, con el 36 por ciento de las preferencias de los votantes, según un sondeo de Datafolha. Eso es el doble del porcentaje de su rival más cercano, el legislador de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuya campaña se ha visto impulsada por el sentimiento antiLula.

Lula acusó a sus enemigos de intentar sacarlo de la arena política, tal como a su juicio lo hicieron en 2016 con susucesora Dilma Rousseff, cuya salida del gobierno puso fin a 13 años en el poder del Partido de los Trabajadores.    Preparándose para posibles manifestaciones, las autoridades de Porto Alegre desplegaron a varios miles policías y montaron un perímetro de seguridad de cuatro bloques alrededor de la corte de apelaciones para evitar interrupciones en la sesión del miércoles.