Los nacionalistas catalanes mantienen su rumbo hacia el referéndum de autodeterminación buscando otros "marcos legales" después del rechazo masivo del martes del Congreso español al proyecto, en lo que se interpreta como una nueva ocasión perdida para renovar el diálogo.
El voto del Congreso de los Diputados "no es un punto y final, esto es un punto y aparte", contestó inmediatamente desde Barcelona el presidente nacionalista de Cataluña, Artur Mas.
"A partir de este 'no' doloroso, las instituciones catalanas buscarán la construcción de marcos legales, que hay varios, para poder celebrar esta consulta" prevista para el 9 de noviembre, afirmó.
Tras siete horas de debate, los legisladores españoles rechazaron -por 299 votos en contra, especialmente del gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 47 a favor y una abstención- una petición del Parlamento regional catalán para que le fuera transferida la capacidad de organizar consultas.
Aunque la negativa estaba anunciada, la prensa del país había especulado con la posibilidad de que el Gobierno español abriera alguna vía de diálogo para resolver el desafío secesionista planteado desde Cataluña.
Sin embargo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, solo ofreció a los nacionalistas catalanes la opción de pedir una reforma de la Constitución, que consagra el "carácter indisoluble" de la nación española.
"Quien quiera que España se disuelva (...) ha de emprender el camino de la reforma constitucional", afirmó Rajoy, aunque sin precisar si estaría dispuesto a aceptar dicha modificación.
"El diálogo no encuentra vía", apuntaba el diario catalán La Vanguardia, en cuya portada titulaba "oportunidad perdida", reproduciendo las palabras de Mas, quien advirtió que "la voluntad del pueblo de Cataluña no la puede detener una votación en el Congreso".
Dicha votación "le cierra a Artur Mas una puerta, pero no resuelve el problema de fondo", apuntaba el diario El Mundo.
"CHOQUE DE TRENES"
Presionado por el segundo partido regional, los independentistas de izquierdas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y por asociaciones civiles como la Asamblea Nacional de Cataluña, que insta a declarar la independencia en abril de 2015, el presidente catalán afirmó que su gobierno "seguirá buscando estos marcos legales y construyéndolos", aunque su margen de maniobra es muy reducido.
De las cinco opciones legales propuestas en 2013 por un consejo asesor del gobierno catalán para ejercer la autodeterminación, solo una no contempla el acuerdo con Madrid.
Se trata de aprobar una ley catalana de consultas populares, en trámite en el parlamento regional, bajo el marco de la cual convocar la votación en noviembre, una opción prevista en el Estatuto de Autonomía catalán aprobado en 2006.
Sin embargo, "solo se puede convocar esta consulta sobre las competencias previstas en el Estatut de Autonomía" catalán, afirma el catedrático en Derecho Constitucional Xavier Arbós, entre las que no se encuentra la soberanía nacional.
Por lo tanto, es previsible que "el gobierno español la impugne de manera que quede automáticamente suspendida", añadió.
"Vamos hacia un choque de trenes, hacia un choque de legitimidades", auguraba el miércoles Maurici Lucena, diputado catalán del partido socialista, que el martes se opuso al referéndum pero propuso una reforma constitucional para instaurar un Estado federal en España.
Sin embargo, la sociedad catalana, que históricamente había apostado por el federalismo en España, pareció descartar esta opción en 2010, cuando la justicia española anuló numerosos artículos del Estatuto de Autonomía que dotaba a la región de un estatus casi de estado federado.
Esa resolución y la crisis económica en el país, que ha alimentado una sensación de maltrato económico de Madrid hacia Cataluña, marcaron un punto de inflexión en la región, que ha vivido un fervor nacionalista en los últimos años con un apoyo del 60% a la independencia en el último estudio publicado.
Fuente y fotos: AFP
