La cifra de fallecidos como consecuencia del incendio en la sala Kiss en Brasil asciende ya a 234, luego del último recuento de víctimas ofrecido por las autoridades.
La ciudad de Santa Maria decidió suspender durante 30 días toda actividad de entretención y ocio, y las escuelas de samba no celebrarán el carnaval en señal de duelo por las víctimas.
Mientras continúa la investigación, el juez Jorge Afif, procedió al bloqueo de todos los bienes de los empresarios Mauro Hoffmann y Elissandro Spohr, propietarios del local de fiesta, como medida cautelar para garantizar el futuro cobro de indemnizaciones por parte de las familias.
El suceso ha desatado una ola de fiscalizaciones para evitar una nueva tragedia y mostrar, de cara a la comunidad internacional, que se están haciendo los deberes con miras a la Copa Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.
Muchos ciudadanos han denunciado a través de las redes las escasas medidas de seguridad existentes en los locales nocturnos de la ciudad así como los insuficientes controles que se realizan para fiscalizarlos.
Los sobrevivientes de la quema de la discoteca Kiss denunciaron fallas en el control de acceso y que el local estaba abarrotado – había más de 1.000 personas en un local habilitado para 600- y deficiencias en los sistemas de seguridad y evacuación. La única puerta de emergencia estaba bloqueada y los extintores no funcionaban. Miles de personas se concentraron anoche en el centro de la ciudad para despedir a las víctimas y exigir medidas que eviten un nuevo suceso como este.
El segundo incendio más importante en la historia de Brasil ha obligado a las autoridades a actuar para cambiar los parámetros de seguridad. El suceso ha reabierto el debate sobre si la mayor economía de América Latina está prepara para albergar los gigantescos eventos deportivos mundiales que organizará en los próximos tres años.
El permiso de operación de la discoteca Kiss estaba vencido desde hacía meses y sus propietarios estaban tramitando su renovación.