Este lunes comenzó a regir la despenalización del aborto en Uruguay en diversos centros de salud del país, tras cumplirse el plazo legal de 10 días desde que el Ministerio de Salud Pública (MPS) difundió la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el parlamento en octubre pasado.
La ley contempla la atención a mujeres uruguayas y extranjeras con más de un año de residencia en el país, y con un máximo de 12 semanas de gestación (periodo que se amplía a 14 semanas en caso de violación).
Los centros asistenciales públicos están actualmente obligados a realizar la intervención, o a garantizar que ésta se haga por terceros en caso de objeción.
Para garantizar el cumplimiento de las condiciones en las que se podrá practicar el aborto, las autoridades publicaron un manual y guías de procedimiento que deberán seguir las mujeres, los médicos y las instituciones sanitarias.
POSICIÓN CONTRARIA
El pasado sábado, diversas organizaciones sociales y grupos políticos comenzaron una campaña de recolección de firmas para pedir un referéndum que derogue la polémica ley.
El objetivo es recolectar unas 50 mil firmas para que la Corte electoral convoque una consulta inicial que se celebraría durante el 2013.
Otras organizaciones sociales anunciaron que recurrirán a instancias mayores, específicamente a la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar una ley que consideran, viola los derechos humanos.
