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España golpea la mesa

El gobierno de Mariano Rajoy convocó este viernes al embajador de Argentina en España, Carlo Antonio Bettini, para conversar sobre los rumores de expropiación de YPF, propiedad de la petrolera española Repsol.

24Horas.cl TVN

Viernes 13 de abril de 2012

En medio del conflicto que mantiene Cristina Fernández con la empresa española Repsol, el gobierno de España se hartó de los rumores y citó a una reunión extraordinaria al embajador trasandino en ese país, Carlos Bettini. El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, convocó a un reunión extraordinaria al diplomático con el objetivo de enterarse de los rumores respecto a la posible intervención de YPF. Mientras, el número dos de la cancillería dijo que una posible nacionalización convertiría al país sudamericano en un "apestado internacional".

En otro duro mensaje desde Madrid, el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, reveló que el país ibérico está realizando gestiones "al más alto nivel" para defender los intereses de la empresa española. Además, precisó que la nacionalización de YPF rompería las negociaciones y posibles acuerdos entre la Unión Europea y los países del Mercosur. "Romper las reglas del juego tiene un coste y Argentina se va convertir en un apestado internacional", dijo Méndez de Vigo a la emisora Onda Cero.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió el jueves que los "gestos de hostilidad" contra las empresas españolas se interpretarán como un ataque al país y traerán "consecuencias".

Mientras tanto, Repsol remitió el viernes un comunicado el regulador bursátil en España en el que asegura no haber recibido "notificación alguna por parte de las autoridades argentinas en relación con su participación accionarial en su filial YPF, S.A.".

Muchos analistas consideran que detrás de la presión oficial para que la compañía aumente sus inversiones en la exploración y explotación de petróleo y gas hay una voluntad de nacionalizar la petrolera, que fue privatizada en la década de 1990. La presidenta Cristina Fernández evitó referirse al tema durante un discurso realizado este jueves, mientras que los gobernadores de la zona niegan cualquier intención de intervenir la empresa.