El histórico juicio a 12 líderes independentistas por el fracasado intento de separar a Cataluña de España en 2017 avanza a su fin este miércoles, tras cuatro meses de mediatizadas audiencias que han impactado de frente a la política española.
En las sesiones televisadas, los acusados se sentaron en el banquillo en el Tribunal Supremo por su papel en un proceso que incluyó el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017 y luego, el 27 de ese mes, la declaración del Parlamento catalán de una república que nunca se concretó.
Con el principal protagonista de la tentativa secesionista huido en Bélgica, el expresidente regional Carles Puigdemont, la cara más visible ha sido su antiguo número dos, Oriol Junqueras, quien podría enfrentar 25 años de cárcel por rebelión.
Otros ocho separatistas, quien como el ex vicepresidente catalán Junqueras están en prisión preventiva desde hace más de un año, también están acusados de rebelión, mientras que los tres restantes responden por los delitos más leves de desobediencia y malversación.
Los procesados, ex miembros del gobierno catalán, una ex presidenta del Parlamento regional y los responsables de dos influyentes asociaciones independentistas, tendrán la última palabra este miércoles o incluso el jueves si hace falta.
El juicio quedará visto para sentencia, la cual no se espera antes del otoño.
Para marcar el fin del sensible proceso, los independentistas están convocados a manifestarse en Barcelona.
La controvertida "violencia"
"Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", lanzó Junqueras en febrero al fustigar un juicio "político" contra un separatismo "pacífico".
Un alegato político permitido por el magistrado Manuel Marchena, quien ha presidido el proceso equilibrando firmeza con flexibilidad a sabiendas de que los acusados recurrirán ante instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La fiscalía ha calificado los hechos de 2017 de "golpe de Estado" en medio de un "clima insurreccional" y con brotes de violencia, esta última una cuestión determinante ya que es indispensable para sustentar el delito de rebelión, según el Código Penal español.
La noción de la violencia, muy controvertida incluso entre expertos, es negada tajantemente por las defensas, que afirman que en el peor de los casos hubo desobediencia, un delito que conlleva en casos agravados una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos, pero no prisión.
"Ése es el discurso de la acusación: sesgo y exageración, y eso les quita credibilidad", aseveró el martes Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, quien criticó la actuación de los cuerpos de seguridad durante el referéndum de autodeterminación que dejó imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo.
Posiciones antagónicas reforzadas
Los puntos de vista antagónicos reflejan la pugnaz realidad fuera del Tribunal Supremo: a más de año y medio de la tentativa independentista, el separatismo sigue dividiendo a la población catalana y remeciendo la política española.
"Estamos exactamente donde estábamos. (...) Parece que el juicio haya reforzado las posiciones de todos" los actores, estimó a la AFP Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El proceso "ha servido a la parte más dura del independentismo para mantener viva la llama" de un movimiento que se había quedado "un poco sin horizonte y sin camino", y la sentencia le brindará "un elemento al cual agarrarse para intentar de nuevo movilizar a su bloque", señaló Bartomeus.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien inició el martes negociaciones para formar gobierno, busca evitar un nuevo apoyo de los separatistas catalanes, que desde el inicio del juicio le hicieron la vida imposible.
Tanto así que precipitaron las legislativas anticipadas de abril al rechazar los presupuestos del Estado.
En esos comicios fueron electos cinco de los acusados en el juicio, pero fueron suspendidos después. Uno de ellos, Junqueras, consiguió en mayo un escaño para el Parlamento Europeo que pretende conservar.
En todo caso, "pensar que en este momento el gobierno español y el catalán se puedan sentar a dialogar es algo bastante hipotético", con los independentistas insistiendo en una consulta de independencia y un gobierno español negado a ello, señaló el analista político Josep Ramoneda.