Un relator de la ONU denunció este lunes el aumento de los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia tras la firma de los acuerdos de paz con la exguerrilla FARC, y pidió al gobierno medidas para protegerlos.
"Al mismo tiempo hay una drástica baja del número de homicidios a lo largo del país, probablemente relacionada con el proceso de paz (...), y un fuerte aumento de los homicidios de defensores", dijo a la agencia AFP en Bogotá el francés Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos.
Según el funcionario, el acuerdo suscrito en noviembre de 2016 con la ya disuelta guerrilla dejó un vacío de poder en varias zonas de Colombia que fue copado por grupos armados que "son ahora los principales perpetradores de los ataques contra defensores".
Los antiguos rebeldes que dejaron las armas y se convirtieron en partido político fueron reemplazados por disidentes de la guerrilla, narcotraficantes, grupos armados organizados y paramilitares, agregó.
Sin embargo, Forst advirtió que existe un amplio espectro de agresores en las diferentes regiones colombianas que visitó durante 14 días, el cual también incluye a miembros del Estado y de la fuerza pública, así como a desconocidos alentados por "relativamente altas" tasas de impunidad.
"Me han horrorizado las versiones de los campesinos afro-colombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios", dijo previamente en rueda de prensa.
El presidente derechista Iván Duque, quien asumió en agosto, reconoció el incremento de homicidios de activistas de derechos humanos y se comprometió este lunes a implementar medidas para prevenir el flagelo.
"En los últimos años venía creciendo el número de asesinatos y por lo tanto es muy importante que haya una reacción por parte del Estado", dijo.
Forst realizó un diagnóstico que servirá de base para las medidas que adoptará el gobierno y se comprometió a volver a Colombia para monitorear su avance.
Según la Defensoría del Pueblo (ombudsman), entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio último fueron asesinados "311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos". Es decir, que en este lapso de tiempo, cada tres días ha caído un dirigente.
Aunque el desarme de la exguerrilla comunista bajó la intensidad del conflicto armado colombiano, en el país aún operan los rebeldes del ELN, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes.