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Piden a juez que cite a declarar a Rajoy por caso Bárcenas

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa también solicita la presencia de la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, y su antecesor en el cargo, Javier Arenas.

Fernando Jimenez

Miércoles 17 de julio de 2013

Una de las acusaciones populares en el caso en el que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, pidió al juez que cite a declarar como testigo al jefe del gobierno español y líder de la formación.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) presentó un escrito en la Audiencia Nacional española para que declaren Rajoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su antecesor en el cargo, Javier Arenas, entre otros.

Adade pretende que Rajoy aclare si recibió sobresueldos en negro, tal y como el lunes dijo al juez Pablo Ruz el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, en una declaración como imputado en la que denunció una financiación ilegal en el partido durante las dos décadas en las que él estuvo en el aparato de finanzas de la formación.

La citación de Cospedal, número dos del PP, ya había sido solicitada por la fiscalía.

El PP de Rajoy manejó presuntamente durante dos décadas 8,3 millones de euros de dinero negro, según arroja las supuestas cuentas paralelas del partido entre los años 1990 y 2008 que el ex tesorero entregó el lunes al juez Ruz.

El diario El Mundo publicó hoy, en un suplemento de 16 páginas, las hojas manuscritas de la misma. Según los cálculos del periódico, si se actualiza esa cantidad en valor monetario de 2013, ascendería a más de 11,5 millones de euros.

El principal beneficiario de pagos en dinero negro fue el asesor electoral Pedro Arriola, que según estos documentos habría recibido cerca de 1,5 millones de euros. El segundo sería el propio Rajoy, que habría recibido casi 350.000 euros a lo largo de ese tiempo.

De ser cierto, los pagos recibidos por el hoy jefe del Ejecutivo cuando era ministro con José María Aznar son ilegales, ya que la ley prohibía cualquier remuneración más allá de la percibida como miembro del gobierno.