El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ratificó el viernes su decisión de poner fin al subsidio a los combustibles y dijo que está abierto al diálogo con los líderes de una protesta que paralizaba por segundo día seguido el transporte en algunas ciudades de la nación sudamericana.
Los manifestantes, encabezados por los transportistas, están molestos con Moreno, quien promueve una política promercado tras años de un gobierno de izquierda y está alineando sus medidas económicas a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras un préstamo por unos 4.200 millones de dólares.
La decisión de eliminar los subsidios al diésel y la gasolina extra, que habían estado vigentes por décadas, provocó violentas protestas en un país con una larga historia de inestabilidad política.
"Conversar, claro que sí; habrá mecanismos para paliar un poco el efecto en algunos sectores, claro que sí. Estamos dispuestos a hacerlo", dijo Moreno en la ciudad de Guayaquil.
"Pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida (...) No voy a cambiar la medida, que quede claro: se eliminó el subsidio, se acaba la zanganería", agregó a periodistas.
Los servicios de autobuses y taxis continuaban paralizados y la agencia de tránsito del Municipio de Quito advirtió de cierres en calles de varios puntos de la ciudad. Testigos de Reuters vieron a cientos de personas que trataban llegar a su trabajo caminando o en autos privados.
El jueves, cuando entró en vigencia la medida, manifestantes enmascarados arrojaron piedras y combatieron a la policía en la capital, en los peores disturbios en años en el país petrolero de 17 millones de personas.
Los sindicatos de transportistas comenzaron la protesta, a la que se fueron sumando grupos indígenas, de estudiantes y gremios de trabajadores a lo largo del país.
Tras las manifestaciones, Moreno declaró un estado de excepción por 60 días en todo el país y ha dicho que los focos de violencia estaban controlados.
"Hay varias provincias donde la normalidad se restablece", dijo a periodistas la ministra del Interior, María Paula Romo, al informar sobre la detención de algunos líderes de la protesta por el delito de paralización de servicios públicos.
Romo dijo que unas 350 personas habían sido detenidas en todo el país hasta la mañana del viernes, por diferentes actos de vandalismo que dejaron unidades y vehículos policiales destruidos en la capital.
Las Fuerzas Armadas informaron que vehículos militares prestarían servicios de transporte público a la ciudadanía.
TRANSPORTE EN CRISIS
El Gobierno ratificó las decisiones adoptadas que apuntan a reducir un abultado déficit fiscal, que según Moreno fue heredado del gobierno del expresidente Rafael Correa, mientras que los transportistas argumentan que un aumento de los combustibles implicará elevar los costos de servicios y productos.
La popularidad de Moreno ha caído a menos de la mitad del 60% que tenía al asumir el cargo en mayo del 2017, pero mantiene una posición política firme gracias al apoyo de la elite empresarial, las Fuerzas Armadas y una oposición débil.
Las autoridades económicas quieren ahorrar unos 1.500 millones de dólares con la eliminación de los subsidios, lo que más que duplicó el precio del diésel y elevó en un 30% el de la gasolina extra.
"Todas las modalidades del transporte están en crisis (...)Quiero hacer un llamado al presidente para que dialoguemos y nos sentemos", dijo Luis Vizcaíno, líder del transporte de camiones, a un canal de televisión. "Queremos transparentar la economía, (entonces) transparentemos y liberalicemos los aranceles en todo", agregó.
Junto a la eliminación de los subsidios, Moreno anunció un paquete de reformas tributarias y laborales que tendrán que ser aprobadas por la Asamblea Nacional.