El gobierno de España y el PSOE (Partido Socialista) han pactado la supuesta celebración de elecciones en Cataluña en enero próximo, como parte de las medidas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, no está en los planes suprimir la soberanía catalana.
Así lo explicó a medios españoles la socialista Carmen Calvo, encargada del diálogo sobre la crisis con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El presidente del gobierno español aclaró que el decreto 155 es el camino para dar solución a la crisis en Cataluña.
Además, Rajoy dijo que "el 155 se acordará mañana en el Consejo de Ministros. El gobierno hizo muchos intentos para lograr una salida y pidió sólo una cosa: decir si se había declarado la independencia o no", y agregó que los extremistas "han querido que se llegue a esto, pero vamos a recuperar la legalidad y normalidad constitucional".
Rajoy también expresó que "los estados tienen la obligación de restaurar la legalidad, la culpa recae en el referéndum ilegal". "Más de mil empresas se han ido de la zona y esto afectará el empleo de Cataluña y tendrá repercusiones en España".
"Cuando uno se entrega a los extremistas y radicales pasa lo que está sucediendo en nuestro país", finalizó.
DIRECTO | Rajoy: "Para terminar con esta situación está el 155" https://t.co/KjA0ElHHgs pic.twitter.com/8FssHPgJde
— EL PAÍS (@el_pais) 20 de octubre de 2017
En la rueda de prensa de esta jornada en la mañana, el gobierno español también aclaró que "la relación con el Partido Socialista es fluida, las medidas que el Consejo de Ministros adopte mañana será de acuerdo a los partidos. Lo importante es revitalizar la legalidad".
Según consigna El País, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha mostrado contrario a convocar elecciones en este momento del problema. "No es la mejor manera de avanzar", explicó.
Cabe recordar que para mañana está agendado un consejo de Ministros extraordinario, que apunta a intervenir las funciones de la Generalitat, donde se incluye la seguridad y finanzas, entre otros ámbitos.
Además, la comisión impugnará el acuerdo del 2 de octubre (referéndum de autodeterminación) amparada en la violación de derechos fundamentales de España.
Para materializar las medidas, los ministros necesitan la mayoría absoluta de la Cámara Alta, lo que se podría aprobar en una semana.