Uruguay sigue adelante con sus planes para legalizar la marihuana.
Lo último ha sido establecer el precio que tendrá el cannabis: US 2,5 dólares por gramo, considerado será realmente competitivo con el del mercado negro.
Así lo anunció el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, quien aseguró a la agencia Télam, que el valor fue fijado con el fin de que "no esté ni muy por arriba ni muy por debajo del precio actual, para no permitir las desviaciones de producto de un mercado al otro".
La semana pasada, los diputados aprobaron la ley que habilita a los mayores de 18 años a adquirir un máximo de 40 gramos por mes en farmacias -falta la ratificación del Senado-, además de la posibilidad de auto-cultivar hasta seis plantas y formar clubes de cannabis. De esta forma, cada persona registrada podrá gastar hasta 100 dólares de forma legal.
Para esto, el gobierno de José Mujica pretende generar un sistema de "licencias" para las farmacias que quieran comercializar la marihuana.
"Este es un proyecto que busca regular un mercado que hoy está totalmente desregulado y controlado por el narcotráfico, un mercado opaco en el que participan anualmente unas 120.000 personas", afirmó Calzada.
"Hoy toda la cadena de valor está en manos del narcotráfico: el Estado no tiene injerencia y esto permite que los narcos se hagan de unos 30 millones de dólares por año en nuestro país, que son usados posteriormente para reproducir los mecanismos vinculados al tráfico de otras drogas y otras actividades criminales como la trata de personas, armas y el lavado de activos", afirmó.
TURISMO DE CONSUMO
Por otra parte, Calzada se refirió a la preocupación sobre el posible "efecto llamada" que tendría la aprobación de la marihuana sobre el turismo. A este respecto, aseguró que "es una preocupación central no generar un turismo cannábico. En Uruguay hay un compromiso para que nuestras políticas soberanas no impacten negativamente en otros países vecinos ni contradigan sus políticas", advirtió.
Para que eso no ocurra, Calzada aseguró que "se establecerá un registro de usuarios con la condición de residencia en el país, que no dependerá de la nacionalidad o la ciudadanía sino de la residencia".