Casas y departamentos abandonados, a medio construir, llenos de escombros en tres ciudades de Chile. Ahí deberían vivir más de 700 familias del Ejército, las que hoy están desesperadas.
No tienen esperanza y los ahorros de todas una vida los han puesto en manos del Ejército para tener su vivienda. La constructora a cargo, la que no finalizó las obras, acusó retrasos en los pagos que debía cancelar la institución castrense.
Muchos apuntan a la mala gestión de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, la llamada JAVE, que debe entregar los dineros para edificar.
Viajamos hasta Arica para constatar un caso que afecta hace años a 370 familias militares. Desde 2015, pagan mensualmente altos dividendos a la JAVE, que ofrece atractivas ofertas para comprar la casa propia.
Un departamento por la mitad de precio del mercado, oferta tentadora que aceptaron muchos uniformados: la mayoría de ellos suboficiales y oficiales con sueldos que promedian los 700 mil pesos. Al llegar, el escenario era muy distinto.
Materiales botados, grietas en las paredes, escombros... construcción que en algún momento tuvieron que resguardar los propios militares para evitar robos y tomas. Alcarraz es la constructora que abandonó las obras, la misma que trabajó con el Ejército desde 2014 edificando viviendas en distintas zonas del país. Hoy las relaciones están rotas: acusan a la JAVE de no cumplir con las fechas de pago de las obras.
Ante esas acusaciones, el general Osvaldo Vallejos, comandante de Bienestar del Ejército, indicó que "tuvimos que empezar a detener el pago de las facturas porque la empresa -en su minuto- no cumplió con el pago de cotizaciones y de sueldos de sus trabajadores".
"Nosotros no podemos pagar una factura mientras no venga con los formularios adjuntos", añadió Vallejos.
Conflicto entre la empresa y el Ejécito que no da respuestas a los afectados. Los 370 militares comenzaron pagando su dividendo en 2015 y les prometieron que su vivienda estaría lista en 2017. Dinero descontado mensualmente por planilla, el que debía estar en la caja de la JAVE, dividendo que además se ha multiplicado con los años de una forma dramática.
Otros dos proyectos más, en Coyhaique y Punta Arenas, están parados: hay más de 300 familias que no saben cuándo tendrán sus viviendas y que siguen pagando mes a mes.
Ante el riesgo financiero detectado por Contraloría, los ahorrantes quisieron retirar su dinero. Ahí fue cuando un mensaje se publicó en la web de la JAVE: de tres a seis meses se demorarían los giros o cierres de cuentas. Y se advertía que -de hacerlo- los ahorrantes condicionaban su posibilidad de adquirir una vivienda del Ejército o una fiscal. En resumen, si sacaban su dinero perdían el sueño de la casa propia.
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