La Corte Suprema determinó rechazar el recurso de casación presentado por el Estado y confirmó la condena que obliga al Fisco a pagar ciento diez millones de pesos a la madre y hermanas de María Angélica Erices Oñate, una de las víctimas del tsunami del 27 de febrero.
En fallo unánime, el tribunal ratificó la sentencia y confirmó la responsabilidad del Estado, a través de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por falta de servicio al no advertir sobre el riesgo de tsunami en el territorio insular.
A través del dictamen el máximo tribunal plantea: "Es manifiesto entonces que tales entes públicos fueron creados para funcionar ante la ocurrencia de catástrofes naturales, esto es, su funcionamiento fue concebido cuando existan circunstancias anormales o extraordinarias, por lo que no es posible aceptar, como postula el demandado, que la ocurrencia de un terremoto de una intensidad de 8,8 grados Richter implique desde ya la inexigibilidad de las tareas encargadas a dichos servicios estatales. Es a la luz de dichas circunstancias excepcionales que debe examinarse el cometido que ejecutó la Administración".
La Corte también establece que ambos servicios actuaron de manera "deficiente y no ajustado a los protocolos vigentes respecto de la alerta de maremoto que debía ser entregada a la población de Juan Fernández".
Revisa el fallo