Este miércoles se desarrollo una nueva jornada del caso Tsunami a cargo de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Carolina Gajardo.
Durante el día de hoy expusieron los abogados defensores, quienes argumentaron que sus representados sí cuentan con los requisitos para acceder a una salida alternativa y rechazaron las críticas de los querellantes respecto al actuar del Ministerio Público.
El abogado de Patricio Rosende señaló que la suspensión condicional del procedimiento es la mejor alternativa, ya que "en un juicio oral es posible que nuestros representados sean absueltos", indicó.
Para el defensor es necesario pensar en las víctimas y para éstas, alargar el proceso puede ser aún más perjudicial. "Mantener un por un periodo de un año expuestas a los familiares sí es revictimización", señaló en la audiencia.
En el caso del defensor de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, criticó la argumentación de los querellantes, realizada el día de ayer y planteó: "Han ejercido una temática y hemos escuchado una agresividad que no se condice con la amistad cívica de los abogados".
Ante los argumentos de los querellantes, el defensor señaló: "Todos nuestros representados y en particular Carmen Fernández son personas decentes".
En el caso de ambos abogados, los dos apelaron a que el actuar de sus representados no fue doloso, sino que negligente y en segundo lugar coincidieron en plantear que parte de lo que sucedió tiene relación con la poca preparación del país para un terremoto como el del 27F.
"No era ella la dueña de la billetera de la Onemi, mucho hizo por la Onemi la señora Carmen Fernández durante los años que estuvo", señaló Luciano Fouillioux y agregó: "Este país al 27 de febrero del 2010 no estaba preparado".
La jueza informó que entregara un tiempo acotado para que los querellantes y defensores hagan uso de su derecho a réplica, por lo que la audiencia se extenderá hasta el jueves.
Tras la exposición de las partes, la jueza Carolina Gajardo ya se encontraría en condiciones de definir si acepta o rechaza el acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados.