La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en respuesta a la presentación realizada desde la oposición a raíz de los fallos de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a seis reos de Punta Peuco.
En el documento la entidad expresó su preocupación al Estado chileno, recordando que "se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia".
También presentó reparos respecto a los argumentos acogidos por el máximo tribunal chileno a la hora de otorgar los beneficios carcelarios a los agentes de la dictadura.
Al respecto, la CIDH pondera que, si bien aún en casos de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el esclarecimiento del crimen, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos, y la obligación que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad.
En el texto se señala también que "el sistema interamericano de derechos humanos ha advertido que la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar. Para graves violaciones a los derechos humanos los Estados deben, por tanto, asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos".
Asimismo, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, abogó por mayores exigencias a la hora de otorgar beneficios carcelarios por tratarse de delitos de la más alta gravedad.
"La aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos. De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso, en contravención con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de graves violaciones a los derechos humanos", expuso la comisionada.