La Clínica Las Condes (CLC) aseguró que continuará recibiendo a pacientes con COVID-19 derivados de la red Fonasa y afirmó que nunca plantearon dejar de acoger a esos ciudadanos.
Esto a raíz de la demanda contra el Fisco anunció el recinto de salud privado a mediados de enero por una presunta deuda desde el Estado "por los perjuicios irrogados" por las "medidas gubernamentales adoptadas con ocasión de la pandemia por COVID-19".
Tras esa comunicación de parte de CLC Fonasa planteó, según indica Cooperativa que el paso que falta para poder concretar los pagos es que la misma clínica firmé los documentos legales.
Cabe recordar que a finales de enero la clínica acordó disponer más camas para pacientes con COVID-19 luego de reunirse con el coordinador nacional de Camas Críticas, el doctor Luis Castillo.
Por COVID-19: Clínica Las Condes anuncia demanda al Fisco por pacientes Fonasa
A través de un mensaje a la Comisión para el Mercado Financiero el directorio de la sociedad detrás de la Clínica Las Condes anunció el 14 de enero su acuerdo de iniciar acciones judiciales en contra del Fisco de Chile "por los perjuicios irrogados a esta sociedad derivados de las medidas gubernamentales adoptadas con ocasión de la pandemia por COVID-19".
"Hasta la fecha Fonasa no ha pagado ninguna cantidad de dinero por concepto de pacientes relacionados con la pandemia COVID-19 derivados" a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas del ministerio de Saud, "como tampoco respecto a aquellos pacientes con o sin COVID-19 que consultaron espntáneamente a nuestro servicio de urgencia en atención a la pandemia".
El documento describe que la sociedad "está doblemente regulada": por la Comisión para el Mercado Financiero y por la Superintendencia de Salud y que debido a la pandemia ha incurrido y seguirá incurriendo "en cuantiosos costos y remuneraciones de su personal de salud, contrayendo pasivos extraordinarios para poder sustentarlos".
El texto programa las acciones judiciales "dentro de los próximos meses", luego de que concluya un estudio económico y un informe jurídico al respecto.
Foto: Agencia Aton.