El Congreso despachó este martes un proyecto de ley que busca entregar una reparación económica a los ciudadanos que fueron víctimas de prisión política y tortura en nuestro país entre 1973 y 1990.

La iniciativa contempla una bonificación de $1 millón a las personas que hubiese sufrido esas vivencias, y en caso de haber fallecido la entrega de $600 mil a las viudas de las víctimas.

El objetivo es colaborar con la reparación integral a los involucrados, aunque no podrán recibir el aporte aquellos que estén hoy en cargos de autoridad pública. Es decir, Presidencia de la República, los ministros, los subsecretarios, parlamentarios, intendentes, gobernadores, jefes superiores de servicio y altos cargos de la administración pública, no tienen derecho a esta reparación.

Sólo recibirán el aporte aquellos cuyas vivencias hayan sido reconocidas a través de la Comisión Valech.

El proyecto fue despachado al Senado, instancia en que se aprobó este martes, luego de recibir la ratificación de la Cámara de Diputados el 10 de agosto pasado.

Foto: AgenciaUno.

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