Un informe de la Contraloría General de la República reveló deficiencias e irregularidades en el Ministerio del Interior, las que permitieron que la Oficina de Exonerados Políticos emitiera indebidamente la resolución que otorga la calidad de exonerado político a al menos tres mil postulantes entre los años 1998 y 2011.
Según el texto del ente fiscalizador, a esas personas se les concedieron beneficios previsionales derivados de tal calidad, debiendo el Instituto de Previsión Social (IPS) desembolsar indebidamente M$ 29.616.807, en favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva.
"Esta Contraloría General procederá a incoar un sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente pudiesen derivarse de los hechos descritos", agrega el escrito.
Según la ley, tienen derecho a los beneficios solamente losex funcionarios de la Administración Pública centralizada y descentralizada delas instituciones semifiscales y de administración autónoma, y de las empresasautónomas del Estado, de las Municipalidades, de las Universidades del Estado,del Banco Central de Chile; también se incluyen las empresas privadas en que elEstado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al50% del capital a la fecha del cese laboral, cuando hayan sido desvinculados oexonerados por motivos políticos, durante la dictadura de Augusto Pinochet,entre los periodos del 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
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