La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que ordena entregar los nombres de los generales que prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) o la Central Nacional de Informaciones (CNI), entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
El fallo que emitió el Consejo para la Transparencia tras la solicitud de Cristián Cruz tuvo aprobación unánime por parte de los ministros de la corte.
Cruz solicitó a través de la Ley de Transparencia la nómina de todos los oficiales que ascendieron al grado de general entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2015, y que prestaron servicios en la DINA y CNI.
Según indica el fallo del tribunal, la información requerida es de carácter público y no está sujeta a reserva, tal como lo plantea el Ejército de Chile.
El argumento de la Corte de Apelaciones se sustenta en el principio de publicidad, uno de los pilares fundamentales de la normativa.
Ante esto, el tribunal aclara que la entrega de información no afecta a las personas que aparecen en el listado ni tampoco su labor como funcionarios públicos.
Es por esto que plantea: "Este Tribunal no divisa afectación alguna, no sólo porque la explicada en el reclamo resulta vaga e imprecisa, sino porque la exposición de los ascensos y destinaciones de funcionarios públicos, forma parte del ejercicio de la función de la misma índole, la que debe estar al alcance de cualquiera que tenga interés en conocerla, desde que se enmarca en la transparencia necesaria a la confianza sobre la que se estructura y construye un Estado de Derecho sólido y perdurable", consigna el fallo.
La acción llegó hasta la Corte de Apelaciones después que el Ejército se negara a entregar la información, planteando que no es de acceso público.
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