La Corte Suprema confirmó sentencias condenatorias que obligan al Fisco a pagar millonarias indemnizaciones a familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
El primer caso fue el de Juan Antonio Ruz Díaz, ejecutado en octubre de 1973 en la localidad de Pisagua. En fallo unánime el máximo tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo formalizado en contra de la sentencia que condenó al Estado a pagar la suma total de $180.000.000.
"Que por lo que toca a la propuesta del recurso, es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho que el 29 de octubre de 1973, en la localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, se realizó un Consejo de Guerra y se resuelve condenar a muerte a Juan Antonio Ruz Díaz, que a la sazón se encontraba privado de libertad en el campo de prisioneros existente en ese lugar, y como consecuencia de la decisión, es ejecutado (…), sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos y comprobarse su deceso", expuso el fallo.
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El segundo caso fue el de José Victorino Martínez Rojas, a cuya cónyuge el Fisco deberá pagar $50.000.000 por su fallecimiento en julio de 1974 tras ser sometido a apremios ilegítimos en cuartel de la Policía de Investigaciones de San Fernando.
"Que por lo que toca a la propuesta del recurso, es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho que en el mes de julio de 1974, José Victorino Martínez Rojas fue abruptamente aprehendido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, trasladado al cuartel de esa agencia policial y allí sometido a sesiones de tortura, para luego ser trasladado a una unidad carcelaria en un deplorable estado de salud derivados en parte de los flagelos y de una enfermedad congénita, falleciendo el 27 de septiembre de 1974 en un hospital", consigna el fallo.
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